Hay algo particularmente obsceno en la precisión. En la capacidad de un piloto de mirar una pantalla verde fosforescente, identificar un punto que parpadea como si fuera un lunar en un mapa, y apretar un botón que desencadena la muerte a varios kilómetros de distancia. Lo obsceno no es solo el acto en sí —la guerra siempre ha sido obscena— sino la distancia moral que esa tecnología permite. El piloto vuelve a casa, cena con su familia, ve televisión. Abajo, en la selva, alguien intenta juntar los pedazos de lo que alguna vez fue un cuerpo.
Los bombardeos en nuestro país no comenzaron la semana pasada. Colombia lleva más de sesenta años perfeccionando el arte de matar desde el cielo. Y cada generación de políticos, militares y tecnólogos ha prometido lo mismo: esta vez será diferente, esta vez será limpio, esta vez no habrá «daños colaterales». Mentira tras mentira tras mentira.
Todo empezó en Marquetalia, en 1964, con ese nombre que suena a postal turística pero que en realidad es el certificado de nacimiento de una guerra que todavía no termina. El gobierno de turno —conservador, rígido, paranoico— decidió que un puñado de campesinos armados en las montañas del Tolima era una amenaza existencial. No importaba que fueran tipos con escopetas viejas defendiendo sus parcelas del horror bipartidista que había convertido el campo colombiano en un matadero durante la década anterior. El discurso era claro: eran comunistas, eran peligrosos, eran «repúblicas independientes».
Así que llegaron los aviones. T-33, esos jets plateados que habían sobrado de guerras de verdad, de guerras entre países con ejércitos uniformados y tratados de Ginebra. También llegaron los B-26, bombarderos pesados que parecían sacados de una película de la Segunda Guerra Mundial. Y llegaron a hacer lo que mejor sabían: soltar bombas.
Jacobo Arenas, que después sería uno de los cerebros ideológicos de las FARC, dejó escrito lo que sintió ese día. Treinta proyectiles por cada filo, ocho bombas en el altiplano donde vivían, quince más en las posiciones de observación. Diez minutos de fuego continuo, el ruido ensordecedor de los motores, el ametrallamiento con calibre .50 que convertía los árboles en astillas. Y después, cuando el humo todavía no se había disipado, seis helicópteros descargando tropas de asalto mientras once aeronaves más hacían círculos en el cielo, como buitres esperando lo inevitable.
El Ejército declaró victoria. Ocuparon el territorio, mataron a algunos guerrilleros, dispersaron al resto. Pero lo que realmente lograron fue algo mucho más duradero: crearon un mito fundacional. Los sobrevivientes de Marquetalia no se rindieron; se transformaron. Se convirtieron en las FARC, una guerrilla móvil, ofensiva, que pasaría las siguientes cinco décadas recordándole al país que el Estado llegaba a esos territorios exclusivamente en forma de bombas.
Si Marquetalia fue el nacimiento mítico de esta guerra aérea, Santo Domingo fue su cara más brutal y desnuda. El 13 de diciembre de 1998, en medio de combates entre el Ejército y las FARC en Arauca, un helicóptero de la Fuerza Aérea lanzó una bomba de racimo —esas armas diseñadas para esparcir la muerte en un área amplia, indiscriminadamente— sobre el caserío de Santo Domingo.Diecisiete civiles muertos. Seis de ellos, niños. Una de las bombas cayó frente a la casa de Olimpo Cárdenas y lo mató junto a otras cuatro personas. Otras cayeron cerca de una droguería, de un camión estacionado, de personas que intentaban vivir sus vidas en medio de una guerra que no habían elegido.Lo peor no fue la explosión inicial. Lo peor fue lo que vino después. Los sobrevivientes —los que quedaron— trataron de ayudar, de sacar a los heridos, de correr. Y las aeronaves siguieron disparando. Les disparaban «de lado y lado de la carretera», según los testimonios que después validaría la Corte Interamericana de Derechos Humanos.El Estado colombiano fue condenado internacionalmente. La sentencia dejó claro que había violado el derecho a la vida, a la integridad personal, que había usado armas indiscriminadas en zonas pobladas. Pero para entonces, las bombas ya habían caído. Los niños ya estaban muertos. Y el manual de operaciones de la Fuerza Aérea seguía siendo exactamente el mismo.
Después llegó el Plan Colombia, ese tsunami de dólares estadounidenses que prometía modernizar la guerra y hacerla «limpia». Compraron aviones nuevos —los Super Tucano brasileños, turbohélices diseñados específicamente para contrainsurgencia—, bombas guiadas por láser que podían penetrar búnkeres, sistemas de inteligencia que fusionaban satélites, interceptaciones y soplones. La guerra del siglo XXI.
Y funcionó. Militarmente, funcionó de maravilla. En 2008, bombardearon a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano mientras dormía. Crisis diplomática monumental, pero Reyes —el número dos de las FARC— quedó hecho pedazos. En 2010, le tiraron siete toneladas de explosivos al Mono Jojoy, el jefe militar de la guerrilla, un tipo que parecía indestructible. Lo enterraron vivo en su propio búnker. En 2011, cayó Alfonso Cano, el líder ideológico. Uno tras otro, los pesos pesados de las FARC fueron eliminados desde el aire.
El gobierno celebraba cada operación como una hazaña de precisión quirúrgica. «Daño colateral mínimo», decían los comunicados. «Inteligencia robusta», repetían los ministros. Y la prensa compraba el cuento, publicaba fotos de campamentos destruidos, de armas incautadas, de «terroristas neutralizados».Pero la precisión tecnológica no es lo mismo que la precisión moral. Una bomba guiada por láser puede acertar en el blanco perfecto y seguir matando a la persona equivocada. Porque resulta que en esos campamentos no solo había comandantes guerrilleros. Había estudiantes mexicanos —como los que murieron con Raúl Reyes— que visitaban por curiosidad revolucionaria. Había cocineras, mensajeros, gente que estaba ahí porque las FARC los habían reclutado a la fuerza cuando eran niños.
Y eso es lo que nadie quiere admitir: que los campamentos de las FARC estaban llenos de menores de edad. Niños y adolescentes que la guerrilla secuestraba de sus veredas, entrenaba, uniformaba, y después usaba como carne de cañón. Cuando el Ejército bombardeaba esos campamentos, no solo mataba a guerrilleros veteranos. Mataba a las víctimas de reclutamiento forzado. Pero como estaban armados, como llevaban uniforme camuflado, el Estado los contaba como bajas enemigas y seguía adelante.
En el año 2000, en Santander, el Ejército ejecutó la Operación Berlín contra la columna Arturo Ruiz de las FARC. Lo que no dijeron en los comunicados triunfalistas era que esa columna estaba compuesta mayoritariamente por niños recién reclutados. Murieron entre 60 y 90 menores. Unos en combates terrestres, otros bajo bombardeos, muchos capturados en condiciones que todavía cargan como trauma.El debate jurídico que siguió fue retorcido. ¿Eran víctimas o combatientes? ¿Merecían protección o eran objetivos legítimos? El Estado argumentó —y sigue argumentando— que un menor armado, entrenado y en combate pierde su estatus de civil. Que la responsabilidad es de quien lo reclutó, no de quien lo bombardeó.El Derecho Internacional Humanitario dice lo contrario. Dice que un niño reclutado sigue siendo, ante todo, una víctima. Que el Estado tiene la obligación de priorizar su rescate y protección por encima de la ventaja militar. Pero en el fragor de la guerra, con presión política por resultados, esas distinciones se vuelven inconvenientes.
En agosto de 2019, el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero celebró públicamente un bombardeo en Caquetá que había eliminado a «14 delincuentes». Meses después, en un debate de moción de censura, el senador Roy Barreras sacó los informes forenses: ocho de esos «delincuentes» eran menores de edad. Uno tenía 12 años. Botero había ocultado esa información deliberadamente. Cayó el ministro, pero la política de bombardeos siguió intacta.En marzo de 2021, bajo el ministro Diego Molano, otro bombardeo en Guaviare mató a varios menores. Molano los llamó «máquinas de guerra», una frase que provocó repudio internacional pero que resumía perfectamente la lógica del Estado: si están armados, ya no son niños. Son enemigos.
Cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia en 2022, prometió la «Paz Total». Su primer ministro de Defensa, Iván Velásquez, declaró una especie de moratoria tácita sobre los bombardeos a campamentos con menores. Se iba a priorizar la negociación, la protección de víctimas, el fin de la violencia.Pero la guerra no entiende de promesas de campaña. Las disidencias de las FARC —ahora reagrupadas en el Estado Mayor Central— se fortalecieron. Atacaron, reclutaron más niños, desafiaron al Estado. Y el Estado, eventualmente, volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: bombardear.Entre julio de 2024 y junio de 2025 hubo al menos 13 operaciones aéreas ofensivas. En noviembre de 2025, Medicina Legal reveló una cifra que debería haber paralizado al país: 15 niños y adolescentes muertos en bombardeos militares entre agosto y noviembre de ese año, en Guaviare, Amazonas y Arauca.
El caso más reciente fue en la vereda Itilla, en Calamar, Guaviare, el 10 de noviembre. Objetivo: alias «Pescado» y alias «Jimmy», comandantes del EMC. Resultado: al menos siete menores muertos. El ministro de Defensa en funciones, Iván Pedro Sánchez, defendió la operación con el mismo guion de siempre: «Inteligencia robusta», «objetivos de alto valor», «necesidad estratégica».El gobierno de la paz total estaba haciendo exactamente lo mismo que los gobiernos de la guerra sin cuartel.El problema con la guerra aérea no es técnico. Colombia tiene aviones sofisticados, pilotos entrenados, sistemas de inteligencia que pueden rastrear un celular en medio de la selva. El problema es moral, y ninguna tecnología lo va a resolver.
Una bomba guiada por láser puede acertar en las coordenadas exactas de un campamento guerrillero. Pero no puede distinguir entre un comandante de 40 años responsable de masacres y un niño de 14 que fue secuestrado de su vereda hace seis meses. No puede medir el miedo, ni la coerción, ni el hecho de que muchos de esos «combatientes» están ahí contra su voluntad.
El Ministerio de Defensa emitió la Directiva 003 de 2024, que exige «verificación de inteligencia» para confirmar la ausencia de menores antes de cualquier bombardeo. Suena bien en el papel. Pero cuando hay un objetivo de alto valor —un comandante que lleva años esquivando al Ejército— la excepción de la «ventaja militar» se activa automáticamente. Y los niños vuelven a morir.
Hay un patrón que se repite: bombardeo, celebración, escándalo, negación, eventual admisión, promesa de que no volverá a pasar. Y después vuelve a pasar. Desde Santo Domingo hasta Itilla, el ciclo es idéntico. Cambian los ministros, cambian los presidentes, cambian las justificaciones, pero las bombas siguen cayendo sobre los mismos.
Sesenta años después de Marquetalia, el Estado colombiano sigue creyendo que puede resolver su conflicto desde el aire. Que la solución a décadas de abandono, desigualdad y violencia es una bomba bien colocada. Y cada vez que mata a un comandante guerrillero, declara victoria. Cada vez que mata a un niño, declara «daño colateral».
Pero la verdad es más simple y más devastadora: cada menor que muere en un bombardeo es una derrota del Estado. Es la prueba de que fallamos como sociedad, de que permitimos que existieran territorios donde el único horizonte para un niño fuera empuñar un fusil. Y después, cuando ese niño uniformado aparece en la mira de un piloto, decidimos que es más fácil matarlo que rescatarlo.Las FARC firmaron un acuerdo de paz en 2016. Pero el conflicto sigue mutando. Ahora son disidencias, ahora es el ELN, ahora son grupos criminales. Los nombres cambian, la dinámica es la misma. Y mientras exista un grupo armado en la selva, habrá un ministro dispuesto a ordenar un bombardeo. Y habrá un niño debajo de esa bomba.
La tecnología puede hacer que una explosión sea más precisa. Pero no puede hacer que sea más justa. Y hasta que ese país entienda eso —hasta que decida que ninguna ventaja militar justifica la muerte de un menor— el cielo colombiano seguirá siendo un lugar del que no se puede huir, un lugar donde la muerte llega sin aviso, desde arriba, como un castigo que nadie merece, especialmente los niños que nunca eligieron estar ahí.