Hay una escena que se repite en casi todas las casas colombianas de cierta edad: la abuela que persigna a los nietos antes de un viaje, el tío que jura que tal senador “es de Dios” y por eso hay que votarlo, la vecina que todavía cree que en Colombia manda el Papa un poquito más que el Congreso. Nadie las contradice de frente. Uno sonríe, asiente, y sigue almorzando. Pero convendría, aunque sea una vez, sentarse a explicarles que ese país que ellas describen —el de la fe oficial, el de la bendición estatal, el del Sagrado Corazón mandando sobre la República— dejó de existir hace más de tres décadas. Al menos en el papel.
Colombia es, desde 1991, un Estado laico. No ateo, no anticlerical, no enemigo de las iglesias: laico. La diferencia parece de manual, cosa de abogados aburridos, pero en realidad es la bisagra que sostiene buena parte de las peleas políticas y morales que el país libra todavía hoy, treinta y cinco años después de que la Constituyente se atreviera a soltarle la mano a la sotana.
El país que se persignaba por decreto
Antes de 1991, aquí no había duda alguna. La Constitución de 1886 declaraba al catolicismo elemento esencial del orden social, y ese no era un adorno retórico: significaba colegios públicos con catecismo obligatorio, un Concordato con el Vaticano que le daba a la Iglesia poder sobre asuntos que hoy nos parecerían de sentido común, y un Estado que se sentía con derecho a consagrar la nación entera a una devoción particular, como si el país fuera una finca y hubiera que ponerle la imagen del patrono en la entrada.
Eso cambió con la Carta del 91, aunque el cambio fue menos ruidoso de lo que uno esperaría. La Constitución nueva mantuvo la mención a “la protección de Dios” en el preámbulo —ahí sigue, quien la busque la encuentra— pero la Corte Constitucional se encargó de aclarar, con la paciencia de quien explica algo obvio por enésima vez, que esa invocación es genérica, incluyente, casi decorativa. No amarra al Estado con ninguna iglesia en particular. El verdadero corazón del asunto está en el artículo 19: libertad de cultos, igualdad entre todas las confesiones ante la ley. Ninguna manda más que otra.
La sentencia que cerró la discusión llegó en 1994. La Corte tumbó, sin muchas contemplaciones, las normas que consagraban a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. El mensaje fue claro: el Estado no reza por nadie, ni con nadie, ni a nombre de nadie.
Laico no es lo mismo que hostil
Aquí es donde muchos se enredan, y no es un enredo inocente: hay quien lo confunde a propósito para hacer ruido. Ser un Estado laico no equivale a perseguir la fe ni a mandarla al clóset. Colombia optó por lo que los constitucionalistas llaman laicidad positiva: el Estado no profesa ninguna religión, pero tampoco finge que la religión no existe ni que no le importa a la gente. Coopera con las iglesias cuando hay un motivo razonable y secular para hacerlo, sin regalarle a ninguna un trato preferencial. Es, en el fondo, una postura de anfitrión educado: la casa es de todos, y en ella caben el creyente devoto, el agnóstico dudoso y el ateo convencido, sin que ninguno tenga que pedir permiso para sentarse a la mesa.
La Ley 133 de 1994 lo dice con una honestidad que se agradece: el Estado colombiano no es ateo, ni agnóstico, ni indiferente ante los sentimientos religiosos de sus ciudadanos. Simplemente no le pertenece a ninguno.
Toda frontera bien trazada tiene dos maneras de romperse, y esta no es la excepción. De un lado está el laicismo que se pone bravo, el que trata la fe como sospecha, el que quisiera que nadie hablara de Dios en público como si la creencia fuera mala palabra. Ese extremo también atropella derechos: la libertad religiosa incluye el derecho a manifestar lo que uno cree, no solo a guardarlo bajo llave en la casa.
Del otro lado está el peligro que este país conoce mejor, el que tiene más práctica: el confesionalismo disfrazado, esos momentos en que ciertos sectores religiosos intentan colarse por la ventana del Congreso o de un tribunal para convertir su credo en ley de todos. Ahí es donde se juegan, casi siempre, los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ+, de quien pide una muerte digna. No hace falta buscar mucho en las noticias de los últimos años para encontrar el patrón.
Lo que de verdad está en juego
Puede sonar a debate de togas y códigos, lejano de la vida cotidiana, pero no lo es. Cada vez que alguien exige que una decisión pública se tome “porque la Biblia lo dice” o “porque Dios lo manda”, está pidiéndole al Estado que deje de ser de todos para volverse de unos pocos. Y cada vez que alguien intenta silenciar a un creyente en la plaza pública solo por serlo, comete el mismo error, con la bandera contraria.
La laicidad bien entendida no le quita nada a nadie. Le garantiza a cada quien el derecho a creer, o a no creer, sin que el vecino se lo imponga y sin que el Estado se lo prohíba. Esa es, quizás, la lección más atardescente de todas: la madurez de un país, como la de una persona, se mide en la capacidad de convivir con quien piensa distinto sin necesidad de convertirlo ni de callarlo.
¿Y usted qué opina? Cuéntenos en los comentarios si cree que Colombia logra ese equilibrio o si, por el contrario, ve que la balanza se inclina hacia alguno de los dos extremos. Comparta este artículo con esa tía que todavía cree que el país se gobierna desde el altar, y suscríbase al boletín de Atardescentes para seguir esta conversación
