Hay palabras que llegan a un país y se quedan porque nombran algo que ya estaba pasando pero no tenía forma. El escrache es una de esas. Vino del Río de la Plata con acento porteño y se instaló en Colombia como si siempre hubiera estado acá, esperando que alguien la pronunciara, porque resulta que señalar públicamente a quien te hizo daño cuando la justicia mira para otro lado no es un invento argentino: es una pulsión humana tan vieja como la vergüenza.
La historia empieza en Buenos Aires, a mediados de los noventa, cuando un puñado de jóvenes decidió que no iban a dejar que los asesinos de sus padres se tomaran el café tranquilos en el bar de la esquina. Estos pibes, agrupados en H.I.J.O.S., habían crecido en democracia, pero con un agujero enorme en el pecho: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida habían cerrado los tribunales, y los indultos de Menem habían soltado a los genocidas. Los represores de la dictadura caminaban por la calle como vecinos cualquiera. Eso, para los hijos de los desaparecidos, era sencillamente inaceptable.
Entonces inventaron el escrache. O mejor dicho, le dieron un uso político a una palabra del lunfardo que venía significando más o menos “exponer”, “delatar”, “sacar a la luz”. Hay quien dice que viene del genovés scraccá (escupir sobre alguien), hay quien apunta al inglés scratch (rayar, tachar). Lo cierto es que en el tango y en la calle porteña, “escrachar” era mostrar el rostro del estafador, romperle el anonimato. Los pibes de H.I.J.O.S. tomaron eso y lo convirtieron en un arma: si la justicia no funcionaba, ellas mismas iban a hacer que los barrios supieran quién vivía entre ellos.
Pero acá viene lo interesante: el escrache no era un lío de borrachos tocando el timbre a las tres de la mañana. Era una operación quirúrgica. Primero investigaban: cruzaban archivos de la CONADEP, testimonios de sobrevivientes, registros judiciales. Después iban al barrio meses antes del evento a hablar con los vecinos, los comerciantes, las murgas, los centros culturales. Les explicaban quién era ese señor que compraba el pan en la panadería de la esquina. Y recién entonces venía la manifestación: un carnaval político que terminaba frente a la casa del represor, con bombitas de pintura roja manchando la fachada. La sangre de las víctimas marcando el lugar donde vivía el verdugo.
El Grupo de Arte Callejero le dio forma visual a todo esto. Fabricaban señales de tránsito truchas —triángulos amarillos y negros, rectángulos azules— que decían cosas como “A 500 metros, un genocida” o señalaban dónde había funcionado un centro clandestino de detención. Las pegaban en la calle y quedaban ahí, interpelando al transeúnte mucho después de que la murga se hubiera ido. El arte no era decoración: era una huella imborrable de que algo había pasado ahí y nadie lo iba a olvidar.
Con el tiempo, el escrache se mudó de país y de causa. En España, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca lo usó contra los diputados que no querían cambiar la ley hipotecaria durante la crisis de los desahucios. Ya no eran genocidas, sino políticos que dejaban que las familias perdieran sus casas. La PAH habló de “genocidio financiero” y fue a buscarlos a sus barrios. El establishment español se escandalizó: ¿acoso en democracia? Pero para los afectados, era lo mismo de siempre: si los que mandan no escuchan, hay que ir a tocarles la puerta.
Y después el escrache llegó a Colombia y mutó. Acá no hay murgas ni pinturas rojas en las fachadas. Acá el escrache es digital, viral, inmediato. Una publicación en Instagram, un hilo en Twitter, una historia compartida mil veces en grupos de WhatsApp. El escenario cambió pero el libreto es el mismo: visibilizar lo que alguien prefiere mantener oculto cuando las instituciones no dan respuesta.
El motor principal son los movimientos feministas y estudiantiles. Y no es casualidad: en un país donde el 90% de los casos de violencia sexual quedan impunes, donde los protocolos universitarios para denunciar acoso se demoran meses o directamente no funcionan, el escrache se convirtió en la última carta que les queda a las víctimas. No es que quieran saltarse los canales institucionales: es que esos canales están tapados, oxidados, o directamente cerrados con candado.
En las universidades —la Nacional, la de Antioquia, la de los Andes— las colectivas feministas mantienen listas actualizadas de profesores y estudiantes señalados por acoso o abuso. Los publican en redes, los comparten entre ellas, advierten a las nuevas generaciones. “Cuidado con ese profesor”, “no te quedes sola con ese man”, “este es su nombre, esto es lo que hizo”. Es una justicia paralela que opera en el terreno de la reputación porque el terreno de los tribunales está vedado o es demasiado lento, demasiado revictimizante, demasiado inútil.
El caso del cineasta Ciro Guerra fue el que puso el tema en primera plana. Cuando varias mujeres lo denunciaron públicamente por abuso sexual, la discusión se partió en dos: para unos, era linchamiento mediático; para otros, era la única forma de que se supiera la verdad. La Corte Constitucional tuvo que meter mano y terminó dándoles la razón a las denunciantes: cuando hay múltiples testimonios coherentes sobre un patrón de abuso, publicarlos cumple con un estándar de interés público y periodismo responsable. No es chisme: es información que la sociedad tiene derecho a conocer.
En Colombia el escrache está permitido, pero no es tierra de nadie. La Corte Constitucional lo reconoce como un discurso especialmente protegido —sobre todo cuando visibiliza discriminaciones estructurales contra las mujeres— pero estableció límites claros en la sentencia T-061 de 2022. Básicamente, te puedes quejar públicamente de alguien, pero tienes que cumplir tres condiciones:
Primera: veracidad e imparcialidad. No hace falta que tengas una condena penal en la mano, pero tu relato tiene que estar basado en hechos ciertos. No puedes inventarte cosas o sacar conclusiones al aire. Tiene que haber una base mínima de evidencia, aunque sea tu propio testimonio coherente y detallado.
Segunda: nada de linchamiento digital. Puedes denunciar, pero no convertirlo en una campaña de acoso sistemático. No puedes perseguir a la persona por todas las redes, incitar a que le peguen, armar turbas para arruinarle la vida. Hay una línea entre visibilizar y destruir, y esa línea no se puede cruzar.
Tercera: cuidado con los datos sensibles. No publiques direcciones exactas, cédulas, números de teléfono, datos de familiares que no tienen nada que ver. Puedes señalar a quien te hizo daño, pero no exponer a terceros inocentes en el camino.
Estas reglas suenan razonables sobre el papel, pero en la práctica generan un montón de grises. ¿Qué es “acoso sistemático”? ¿Cuántas publicaciones son demasiadas? ¿Y si el tipo sigue en su cargo y cada semestre hay víctimas nuevas que lo denuncian? ¿Eso es persecución o es advertencia comunitaria legítima?
Aunque el escrache feminista es el más visible, la práctica se ha extendido a otros ámbitos. El mundo laboral, por ejemplo. Hace poco explotó el caso de una empres atunera por denuncias de abusos laborales que corrieron como pólvora en redes sociales. Trabajadores contando condiciones infrahumanas, maltratos, explotación. La empresa tuvo que salir a dar la cara porque la reputación corporativa se les estaba yendo al piso en tiempo real.
Y ahí el escrache muestra otra cara: ya no es solo una herramienta de víctimas individuales contra agresores individuales, sino también un mecanismo de control social sobre instituciones que se creen intocables. Cuando los canales sindicales no funcionan o cuando la inspección del trabajo llega tarde (o no llega), la denuncia pública se vuelve la única forma de presión que tiene el empleado. Es David contra Goliat, pero David ahora tiene Twitter.
El escrache colombiano opera, entonces, como lo que los sociólogos llaman “justicia alternativa”. Es la respuesta a lo que en filosofía se conoce como “injusticia epistémica”: esa sensación de que tu testimonio no vale, de que no te van a creer, de que el sistema está diseñado para proteger al poderoso y no a vos. Cuando una mujer va a una comisaría a denunciar una violación y el policía le pregunta qué ropa llevaba puesta, o cuando una estudiante va a bienestar universitario a reportar acoso y le dicen que “busque testigos”, lo que están diciéndole es: tu palabra no basta. Tu verdad no cuenta.
Entonces la víctima agarra su celular y cuenta su historia en Instagram. Y de repente aparecen cinco, diez, veinte testimonios más de otras mujeres que pasaron por lo mismo con el mismo tipo. Y eso que la justicia formal no pudo (o no quiso) ver en años de expedientes, las redes lo visibilizan en 48 horas.
¿Es perfecto? No. ¿Hay riesgos de que se convierta en linchamiento? Muchos. ¿Puede haber denuncias falsas? También. Pero preguntarse solo por eso es preguntarse mal. La pregunta correcta es: ¿por qué la gente prefiere arriesgarse a un juicio por difamación antes que confiar en que la Fiscalía haga su trabajo? ¿Por qué una estudiante de 20 años siente que publicar un tweet es más efectivo que poner una denuncia formal?
El escrache no va a desaparecer mientras haya instituciones que no funcionen. Es un termómetro de la impunidad: cada vez que se multiplican los escraches, lo que se está diciendo es que los canales formales están rotos. Y ahí hay una responsabilidad compartida: la de quienes escrachan, de hacerlo con verdad y sin excesos, y la de las instituciones, de no dejar que la gente tenga que salir a las redes a reclamar lo que debería conseguirse en un juzgado o en una oficina de recursos humanos.
Al final, el escrache es una apuesta desesperada: la de una sociedad que no se resigna al olvido ni a la impunidad, pero que camina por el filo peligroso entre la justicia popular y la venganza. Dice que todavía creemos que exponer la verdad sirve de algo. Que todavía nos importa que el abusador no siga dando clases mientras sus víctimas abandonan la universidad, o que el jefe explotador no siga contratando gente mientras los anteriores cargan con el trauma.
Y tal vez eso, en el fondo, no sea tan malo. Tal vez lo malo sea que tengamos que llegar hasta acá para que alguien nos escuche.