Ahora resulta que todos somos expertos en salario mínimo legal y salario mínimo vital. Resulta que este año arrancó con una promesa redonda: dos millones de pesos justos para el trabajador que gana el mínimo. Sonaba bien, casi demasiado bien. El Gobierno decretó un aumento del 23% —el más grande en décadas— y por un momento pareció que alguien en Palacio había escuchado el clamor de las calles. Pero a mediados de febrero, el Consejo de Estado metió el freno de mano y suspendió el decreto. Así, sin anestesia.
Lo que parecía un avance histórico terminó siendo un embrollo jurídico que dejó a empresarios rascándose la cabeza, a contadores revisando las nóminas dos veces, y a los trabajadores preguntándose si lo que recibieron en enero era real o un préstamo involuntario que alguien les iba a cobrar después.
Para entender este lío hay que arrancar por el principio: el salario mínimo legal y el salario mínimo vital no son la misma cosa, aunque muchos los usen como sinónimos. El primero es lo que la ley obliga a pagar, una cifra que se negocia —o se decreta— cada año según la inflación, la productividad y otros indicadores técnicos. El segundo es otra bestia: es lo que realmente se necesita para vivir con dignidad, cubrir la comida, el arriendo, la salud, la educación de los hijos, el transporte y, ojalá, tener algo guardado para cuando la vida se ponga difícil.
La brecha entre uno y otro es el termómetro de la desigualdad. En Colombia, esa brecha ha sido siempre enorme. Mientras el salario legal se mueve con la parsimonia de los ajustes técnicos, el costo de vida corre como caballo desbocado. Para 2026, una familia de cuatro personas necesitaba cerca de tres millones de pesos mensuales solo para cubrir lo básico. Si en esa familia hay uno o dos trabajadores ganando el mínimo, el ingreso familiar apenas roza ese umbral. Y eso sin contar las emergencias, que siempre llegan.
El incremento del 23% no salió de la nada. El Gobierno quiso cerrar esa brecha de golpe, convirtiendo el salario mínimo en un verdadero “salario vital” que permitiera a las familias respirar. La cifra quedó en 1.750.905 pesos, más 249.095 de auxilio de transporte: los dos millones redondos. Las centrales obreras aplaudieron. Los gremios empresariales gritaron. Y los jueces pusieron el dedo en la llaga.
El Consejo de Estado dijo que el Gobierno se había pasado de la raya. Que un aumento de esa magnitud no estaba justificado técnicamente. Que cuadruplicaba la inflación proyectada, que multiplicaba por 25 la productividad reportada por el DANE, y que ignoraba los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996. Peor aún: que el decreto parecía más una jugada electoral —a seis meses de las presidenciales— que una decisión de política pública seria.
La suspensión provisional dejó todo en el aire. Las empresas que ya habían pagado las nóminas de enero no podían pedirle al trabajador que devolviera la plata. Eso sería un absurdo y, además, ilegal. Pero tampoco sabían con qué cifra seguir en febrero. El Consejo de Estado le dio al Gobierno ocho días para expedir un nuevo decreto transitorio, y todo apuntaba a que el aumento se rebajaría a algo entre el 6% y el 7%, acorde con la inflación más un toque de productividad.
Claro, cuando uno habla de salario mínimo, la tentación es pensar solo en el número grande. Pero para el empleador, contratar a alguien que gana el mínimo cuesta mucho más que eso. En 2026, con el salario en 1.750.905 pesos, el costo real de un trabajador rondaba los 2.864.323 pesos al mes. Ahí entran los aportes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación, prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones.
Para una microempresa o un negocio familiar, ese salto del 23% no era solo un número en el papel: era una estampida en los costos operativos. Muchos advirtieron que eso dispararía la informalidad, que los patrones buscarían fórmulas creativas para evadir la carga, que al final los más perjudicados serían los propios trabajadores. Y la historia les ha dado la razón más veces de las que uno quisiera admitir.
Pero hay algo más perverso en todo esto. Aunque el aumento hubiera quedado firme en el 23%, la inflación ya estaba haciendo de las suyas. En enero de 2026, el DANE reportó un alza mensual del 1,18%, con la comida y los restaurantes liderando el festín de los precios. La carne subió 11,7% en el año, la papa también se fue para arriba, y la canasta básica alimentaria —esa que determina quién es indigente y quién no— pegó un brinco del 5,8% en un solo mes.
Resultado: una familia de cuatro personas necesitaba al menos 623.990 pesos solo para comer. El salario mínimo, entonces, se queda corto incluso con el aumento histórico. Es como si alguien te regalara un billete de lotería y antes de que lo cobres, la moneda se devaluara. La ilusión monetaria es eso: creer que ganaste más porque el número subió, sin ver que los precios también se dispararon.
Y si los trabajadores activos están en el limbo, los pensionados no la tienen mejor. La mesada pensional mínima se ajusta en el mismo porcentaje que el salario mínimo. Así que cuando el Gobierno decretó el 23%, los jubilados también vieron ese aumento en sus cuentas de enero. Pero con la suspensión del decreto, esos ingresos también quedaron en el aire. Si el aumento final termina siendo del 7%, los adultos mayores verán cómo sus expectativas se desinflan de golpe.
Peor aún: la reforma pensional que iba a cambiar el sistema de pilares y garantizar una renta básica también fue suspendida por la Corte Constitucional en 2025. Hubo vicios en el trámite legislativo, dijeron los magistrados. Falta de deliberación, debate de fondo eludido. Así que el país sigue operando con la Ley 100 de 1993, esa que ya todos saben que no da más.
Y para rematar, el Ministerio de Hacienda cambió las reglas del “deslizamiento del salario mínimo”, ese mecanismo que compensa a las aseguradoras cuando el salario sube más de lo esperado. Ahora el Estado paga menos y el costo se traslada a los futuros pensionados y a los fondos de ahorro individual. En cristiano: si antes necesitabas 350 millones de pesos ahorrados para pensionarte con el mínimo, ahora podrías necesitar hasta 550 millones. Eso significa cotizar entre 15 y 20 años más para el mismo beneficio. O, en el peor de los casos, no alcanzar nunca.
Hay algo profundamente frustrante en todo esto. Nadie discute que el salario mínimo en Colombia es insuficiente. Nadie niega que la gente merece vivir con dignidad, que un trabajador debería poder mantener a su familia sin tener que hacer malabares con tres empleos. El problema es cómo se construye esa dignidad. Un decreto voluntarista, por bienintencionado que sea, no resiste si no tiene respaldo técnico ni consenso social.
La concertación tripartita —Gobierno, empresarios, trabajadores— existe precisamente para eso: para que las decisiones salariales no sean ocurrencias de última hora sino acuerdos sostenibles. Cuando el Ejecutivo se salta ese proceso y decreta un aumento cuatro veces mayor que la inflación, sin sustento en productividad ni en capacidad de pago, lo que logra no es justicia social sino caos administrativo.
Y el caos tiene costos. Las empresas quedan en incertidumbre, los trabajadores no saben si lo que recibieron es pan para hoy o hambre para mañana, y los inversionistas ven un país donde las reglas cambian de la noche a la mañana. Eso no es estabilidad jurídica. Eso es ruleta rusa.
El Consejo de Estado todavía no ha fallado de fondo. La suspensión es provisional, mientras estudian el caso completo. Pero todo indica que el aumento del 23% no sobrevivirá. El nuevo decreto transitorio, cuando salga, probablemente fijará una cifra más modesta, más alineada con los indicadores técnicos. Y entonces volveremos al punto de siempre: un salario mínimo que no alcanza, una brecha que sigue abierta, y millones de personas atrapadas entre la ley y la vida.
Porque al final, el salario vital no es un concepto jurídico caprichoso. Es una aspiración humana elemental: poder comer bien, dormir bajo techo, educar a los hijos, curarse cuando uno se enferma, y quizá —solo quizá— ahorrar un poco para el futuro. Eso no debería ser una utopía. Pero en un país donde el salario crece con pasos de tortuga y los precios con zancadas de leopardo, la utopía parece más cerca que la realidad.