Hay una ley en Colombia que la gente conoce poco y que, cuando la entiende de verdad, le genera una mezcla rara entre pánico y fascinación. Es la Ley 1805 de 2016, y básicamente dice esto: cuando te mueras, el Estado asume que vas a donar tus órganos. Todos. A menos que hayas dicho explícitamente que no antes de morirte.Y aquí viene lo verdaderamente extraño: tu familia no puede hacer nada al respecto.
Antes del 2016, Colombia funcionaba como funciona el sentido común. Alguien se moría, llegaba un médico a hablar con la familia y les preguntaba: «¿Ustedes autorizan la donación?». La familia decía que sí o que no, y se acabó la historia. Así funcionaba en casi todo el mundo. Así funciona todavía en muchos países.Pero Colombia decidió volarse esa página. La Ley 1805 establece algo que suena casi totalitario si lo lees rápido: la voluntad de donación expresada en vida por una persona solo puede ser revocada por ella misma. Después de muerta, esa voluntad «no podrá ser sustituida por sus deudos y/o familiares».Léelo otra vez. Tu mamá no puede decir que no. Tu esposa tampoco. Tus hijos, menos. Si no dijiste en vida que te negabas a donar, el Estado presume que sí querías hacerlo. Y punto.¿Por qué hicieron esto? Porque había 4.000 personas esperando un órgano y las familias decían que no en el 60% de los casos. Porque la gente se moría en listas de espera mientras los órganos se pudrían en un cementerio. Porque el altruismo voluntario, resulta, no le alcanza a nadie.
Ahora, si la idea de que te saquen el hígado después de muerto te parece horrible, tienes derecho a oponerte. Pero no basta con decírselo a tu familia en una sobremesa. Tienes que hacer un trámite que parece diseñado para desanimarte:
- Escribir un documento diciendo que no querés donar
- Autenticarlo en una notaría
- Radicarlo en el Instituto Nacional de Salud
O puedes decirlo cuando te afilies a tu EPS, aunque eso casi nadie lo sabe.La ley te da la opción, sí. Pero te la pone difícil. Es un diseño intencional: si no te importa lo suficiente como para hacer el trámite, el sistema asume que estás de acuerdo. Es una apuesta a la pereza, básicamente.Acá viene la contradicción más grande del sistema. La ley dice que la familia no puede vetar la donación. Perfecto, clarísimo. Pero en la práctica, los equipos médicos siguen buscando a la familia. Siempre.¿Por qué? Porque necesitan información.
Resulta que para trasplantar un órgano no basta con sacarlo y meterlo en otra persona. Hay que saber si el muerto tuvo hepatitis, si viajó a zonas con enfermedades raras, si se metía drogas, si le hicieron transfusiones. Sin esa información, el trasplante puede matar al receptor.Y esa información solo la tiene la familia.
Entonces se genera una situación absurda: el Estado tiene el poder legal para sacar los órganos sin permiso, pero no tiene la información médica para hacerlo de forma segura. Una familia que se niegue a hablar —aunque legalmente no pueda detener nada— puede sabotear todo el proceso simplemente quedándose callada.
Por eso los equipos de trasplante siguen entrenándose en «comunicación de crisis». Por eso la entrevista familiar sigue existiendo. No es para pedir permiso. Es para rogar información.Hay otra razón por la que las familias se resisten, y es más visceral: los cuerpos de los donantes no se ven muertos.
La ley colombiana equipara la muerte con la muerte encefálica. Eso significa que tu cerebro está apagado para siempre, pero tu corazón sigue latiendo, tus pulmones se mueven (con ayuda de máquinas) y tu piel está tibia. Para efectos médicos y legales, estás muerto. Pero para una mamá que te ve acostado en una cama, respirando, te ves vivo.Ese es el gran malentendido. Los médicos hablan de «mantenimiento del donante»: mantener el cuerpo funcionando artificialmente para que los órganos no se dañen antes de la extracción. Para la ciencia, es un protocolo. Para una familia en duelo, es una pesadilla: mi hijo sigue respirando y estos tipos quieren abrirlo.Ahí nacen los mitos. Que los médicos no luchan por salvar al paciente si es donante. Que lo declaran muerto antes de tiempo para robarle los órganos. Que hay tráfico, que hay listas VIP para los ricos.
Nada de eso es cierto, pero el sistema ha sido incapaz de explicarlo bien.A pesar de tener una de las leyes más avanzadas de América Latina, Colombia tiene 7.4 donantes por cada millón de habitantes. España tiene 52.6. Estados Unidos, 31.La presunción legal no resolvió el problema. La gente sigue desconfiando. Las familias siguen oponiéndose aunque no puedan hacerlo legalmente. Y mientras tanto, hay 4.338 personas esperando un órgano. El 92% de ellas necesita un riñón.
Lo más duro es que el sistema funciona cuando logra conseguir órganos. La asignación es algorítmica, ciega, imposible de manipular. No importa si sos rico o pobre, famoso o anónimo. Importa tu compatibilidad, tu urgencia médica y cuánto tiempo llevás esperando. El sistema es brutalmente justo.Pero justo no sirve de mucho si no hay órganos que repartir.La Ley 1805 incluyó un detalle interesante: si dos personas tienen la misma compatibilidad y la misma urgencia, el órgano se le da primero a la que está registrada como donante activo. Es decir, si te inscribiste en el sistema diciendo «yo sí dono», tienes prioridad sobre alguien que nunca dijo nada. Es un mecanismo contra el oportunismo. Contra la gente que quiere recibir pero no dar. Y funciona, en teoría. El problema es que casi nadie lo sabe, y menos gente se registra.Justo ahora, el sistema está en un limbo raro. El gobierno intentó crear el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos (INDTOT) para reemplazar al Instituto Nacional de Salud en la coordinación de trasplantes. La Corte Constitucional tumbó la creación del INDTOT por vicios de trámite. Ahora hay un proyecto de ley para revivirlo.
Mientras tanto, nadie sabe quién va a coordinar el sistema en un año. Y esa incertidumbre paraliza cualquier reforma seria.