Hay algo casi obsceno en la honestidad de las cifras. Mientras el mundo celebraba cada operativo, cada tonelada incautada, cada capo extraditado, la producción global de cocaína creció un 34% en un solo año. No fue un desliz estadístico. Fue la confirmación de lo que muchos sospechaban pero pocos querían admitir: la guerra contra las drogas no solo fracasó, se convirtió en el mejor fertilizante para el negocio que pretendía erradicar.
En 2026, el panorama es tan contradictorio que produce vértigo. Nunca hubo tanta tecnología satelital, tanta cooperación internacional, tantos recursos destinados a combatir el narcotráfico. Y al mismo tiempo, nunca hubo tanta coca, tanto fentanilo, tanta diversidad química fluyendo por las venas del planeta. Es como si cada golpe al crimen organizado solo sirviera para hacerlo más resiliente, más creativo, más letal.
Lo que está pasando en los Andes es una especie de revolución silenciosa. Colombia reporta 262.179 hectáreas de coca, y aunque el gobierno de Gustavo Petro insiste en que el ritmo de expansión se frenó —solo 15.159 hectáreas nuevas en 2025, frente a las 44.000 de 2018—, hay un detalle que cambia todo: la productividad se disparó. Si antes una hectárea daba entre 1,8 y 2,6 toneladas de hoja fresca, ahora hay zonas que alcanzan 9,4 toneladas. Agricultura de precisión, pero en el mundo ilícito.
Petro apostó por algo distinto: dejar de perseguir al campesino y concentrarse en las redes de comercialización. La lógica es simple, casi obvia: el tipo que siembra coca en una ladera del Cauca no es el problema, es la víctima de un sistema que nunca le ofreció nada mejor. Pero esa apuesta política choca con una realidad incómoda: mientras el precio de la hoja se desploma en algunas regiones por saturación de la oferta, la producción total sigue subiendo. Hay más coca que nunca, solo que ahora está mejor distribuida y es más eficiente.
Perú, por su parte, logró bajar a 89.755 hectáreas en 2024, una reducción que parece un triunfo hasta que uno lee el costo humano. En el Alto Huallaga, la erradicación forzada le quitó en promedio 1,5 años de escolaridad a los más jóvenes. La coca era el motor económico que sostenía uniformes, útiles escolares, transporte. Sin ella, las familias se quedaron en el aire y los niños abandonaron las aulas. Es el tipo de consecuencia que no aparece en los informes triunfalistas, pero que marca a una generación entera.
Bolivia, mientras tanto, se pasó del límite legal. Con 34.000 hectáreas —12.000 por encima de lo permitido—, el país enfrenta una tensión política que no da tregua. El Trópico de Cochabamba creció un 18%, y aunque el gobierno insiste en que la coca es cultura, tradición, derecho ancestral, los números también dicen que buena parte de esa hoja no llega a los mercados autorizados de Sacaba y Villa Fátima. Se va a otra parte. Y todos saben a dónde.
Si la cocaína es el viejo enemigo conocido, el fentanilo y sus primos químicos son la pesadilla del siglo XXI. No necesitan tierra, ni clima, ni tiempo. Se fabrican en laboratorios que pueden estar en cualquier sótano de cualquier ciudad, cerca del consumidor final. En 2023, más de 105.000 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos. La mayoría, por opioides sintéticos.
Pero lo verdaderamente aterrador llegó después: las nitacinas. Compuestos que nunca fueron aprobados para uso humano y que son hasta 20 veces más potentes que el fentanilo. Entre junio de 2023 y mayo de 2024, el Reino Unido confirmó 179 muertes vinculadas a estas sustancias. En Brasil, representan el 95% de los opioides detectados en el mercado ilícito de São Paulo.
Y la velocidad con la que aparecen nuevas variantes es demencial. Cada año, una nueva molécula: isotonitacina en 2019, metonitacina en 2020, N-pirrolidino protonitacina en 2023. Los químicos clandestinos van un paso adelante de los reguladores, modificando una cadena molecular aquí, un radical allá, lo suficiente para que la sustancia no figure aún en las listas de fiscalización. Para cuando las autoridades la prohíben, ya hay otra en circulación.
Lo peor es que muchas veces los usuarios ni siquiera saben lo que están consumiendo. Las nitacinas se venden disfrazadas de oxicodona, de alprazolam, de cualquier pastilla que parezca inofensiva. Alguien que nunca ha tocado un opioide puede morir con la primera dosis. No hay tolerancia que valga. No hay segunda oportunidad.
Detrás de todo esto hay un flujo de dinero obsceno. Se estima que el narcotráfico mueve más de 350.000 millones de dólares al año. Pero la distribución de esa riqueza es grotesca. El campesino que siembra coca recibe una miseria. El que refina en la selva, un poco más. La gran tajada se la llevan los distribuidores en Europa y Estados Unidos, y sobre todo, los que blanquean el dinero.
Hasta el 70% de las ganancias del crimen organizado transnacional se lavan a través del sistema financiero formal. Eso no es un error del sistema. Es una característica. Algunos análisis sugieren que sin esos flujos ilícitos, la banca global no funcionaría con la misma eficacia. Es un secreto a voces: las economías del Norte dependen, en parte, del dinero sucio del Sur.
Un kilo de cocaína que sale de Colombia por menos de 2.000 dólares se vende en Europa por 46.750 dólares. En Asia, alcanza los 115.000. El valor no está en la hoja, ni siquiera en el riesgo del transporte. Está en el control de las rutas, en la capacidad de lavar el dinero, en la complicidad estructural de un sistema que se beneficia del caos que dice combatir.
Y las autoridades apenas logran interceptar entre el 0,2% y el 1% de esos fondos. El resto circula, se invierte, se blanquea, termina en torres de lujo, en fondos de inversión, en cuentas offshore. El narcotráfico no es marginal. Es parte del engranaje.
En 2011, la Comisión Global de Políticas de Drogas lo dijo sin eufemismos: la guerra mundial contra las drogas fracasó. En 2025, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, lo repitió con más dureza: esto es una guerra contra las personas, no contra las drogas.
Porque al final, ¿quién terminó preso? No los grandes capos, que siguen negociando desde sus búnkers o sus celdas VIP. Sino los eslabones más débiles: el consumidor, el microvendedor, el campesino. En 2023, unos 6,1 millones de personas tuvieron contacto con la policía por delitos de drogas, y dos tercios fueron por simple posesión o uso.
Portugal lleva más de dos décadas demostrando que la despenalización no dispara el consumo, sino que mejora los indicadores de salud pública. Alemania, Malta y Luxemburgo ya regularon el cannabis. La narrativa está cambiando, lentamente, pero cambiando. El consenso de 2026 ya no es “guerra total”, sino gestión pragmática: salud pública, reducción de daños, respeto a los derechos humanos.
Pero mientras eso ocurre en los salones de la ONU y en algunos parlamentos progresistas, en las calles la realidad sigue siendo brutal. La guerra contra las drogas no terminó. Simplemente se convirtió en un negocio demasiado rentable como para ganarla.