Hoy, que se ha puesto de moda convocar una nueva Constituyente, es bueno refrescar la memoria,Comenzando la década de 1990, Colombia atravesaba una de las crisis más profundas de su historia republicana. La violencia del narcotráfico, los grupos paramilitares y la guerrilla había sumido al país en un clima de terror que parecía no tener fin. En medio de este panorama desolador, un grupo de jóvenes universitarios decidió que era hora de actuar. Su propuesta, aparentemente simple pero revolucionaria en su alcance, cambiaría para siempre el rumbo político y social de la nación: la Séptima Papeleta.
La Colombia de finales de los años ochenta era un país donde la crisis institucional y la violencia habían alcanzado niveles insostenibles. La Constitución de 1886, que había regido los destinos del país por más de un siglo, se había vuelto obsoleta frente a los desafíos contemporáneos. Las instituciones tradicionales parecían incapaces de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos o de ofrecer salidas efectivas a los conflictos que desangraban la nación.
El punto de quiebre llegó en agosto de 1989 con el asesinato del líder liberal y candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Este magnicidio, perpetrado por sicarios al servicio del narcotráfico, desató una ola de indignación nacional que se manifestó en la histórica «Marcha del Silencio». Este evento se convertiría en el preámbulo del movimiento estudiantil que estaba por nacer.
El nacimiento de una idea revolucionaria
Fue en este contexto de dolor y desesperanza que surgió la iniciativa de la Séptima Papeleta. Un movimiento político y social que fue gestado desde el pensamiento de estudiantes de universidades públicas y privadas de todo el país, quienes no veían un futuro promisorio ante la compleja situación que vivía Colombia.
La propuesta era ingeniosa en su simplicidad: aprovechar las elecciones oficiales de marzo de 1990 en el país. Debido a que en estas elecciones se depositarían 6 papeletas —para senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, concejales, diputados y juntas administradoras locales—, los estudiantes propusieron incluir una séptima papeleta extraoficial que consultara a los ciudadanos sobre su deseo de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
La idea era, por medio del mandato popular, otorgarle facultades especiales al presidente para convocar una Asamblea Constituyente y reformar así la constitución de 1886. Aunque esta papeleta no tendría validez jurídica oficial, su propósito era ejercer presión política y demostrar la voluntad popular de cambio.
Un respaldo ciudadano sin precedentes
Las elecciones del 11 de marzo de 1990 marcaron un hito en la historia política colombiana. A pesar de no ser oficial, la Séptima Papeleta obtuvo un respaldo masivo y sin precedentes: alrededor de dos millones de colombianos decidieron depositar su voto a favor de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Este pronunciamiento popular ejerció una presión significativa sobre las instituciones del Estado. La Corte Suprema de Justicia, reconociendo la voz del «constituyente primario» —es decir, el pueblo—, avaló la inclusión de esta consulta en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. Posteriormente, el gobierno del presidente Virgilio Barco expidió un decreto de estado de sitio para formalizar la contabilización de estos votos.
La Asamblea Nacional Constituyente: Un espacio de pluralidad
Con el aval de la Corte Suprema y bajo un nuevo decreto de estado de sitio expedido por el recién posesionado presidente César Gaviria, se profirió el Decreto 1926 de 1990, determinando que la elección para integrar la Asamblea se realizaría el 9 de diciembre de ese año.
El 5 de febrero de 1991, el presidente César Gaviria instaló en el Capitolio Nacional una Asamblea Nacional Constituyente con 70 integrantes de las más diversas tendencias políticas. Esta Asamblea fue un espacio de representación amplia y plural, donde se incluyeron no solo representantes de los partidos tradicionales, sino también de movimientos sociales, grupos indígenas, desmovilizados de grupos armados como el M-19, el EPL y el PRT, e incluso personalidades independientes.
El objetivo principal era redactar una nueva Constitución Política que respondiera a las necesidades del país, modernizara las instituciones, garantizara los derechos fundamentales y sentara las bases para una paz duradera.
El proceso constituyente: Cinco meses que cambiaron a Colombia
La Asamblea sesionó durante aproximadamente cinco meses en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá. Se organizó en diversas comisiones para abordar temas cruciales como los derechos fundamentales, la administración de justicia, el ordenamiento territorial, el gobierno y el Congreso, y los temas económicos y sociales.
Durante este proceso, se recibieron y sistematizaron miles de propuestas de la ciudadanía y de diversas organizaciones, convirtiendo el ejercicio constituyente en un verdadero diálogo nacional. Los debates fueron intensos y las negociaciones complejas, pero el objetivo común de construir un país más democrático y equitativo mantuvo unidos a los constituyentes.
El legado de la Constitución de 1991
La Asamblea Nacional Constituyente de Colombia cesó sus funciones el 4 de julio de 1991, tras promulgar la nueva constitución. La nueva Constitución Política de Colombia incluyó mecanismos nuevos para la protección de los derechos humanos, como la acción de tutela, que se convertiría en uno de los instrumentos más importantes para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La nueva Carta Magna introdujo cambios trascendentales en el sistema político y social del país: creó la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la acción de cumplimiento, reconoció la diversidad étnica y cultural, y estableció un Estado social de derecho. Estos avances representaron una transformación radical del marco jurídico y político de Colombia.
Un ejemplo de participación ciudadana
La Séptima Papeleta se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo la participación ciudadana pacífica puede generar transformaciones profundas en una sociedad. Demostró que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, la juventud y la ciudadanía organizada pueden ser motores de cambio positivo.
A más de tres décadas de la promulgación de la Constitución de 1991, el legado de la Séptima Papeleta sigue siendo relevante. En un contexto actual donde Colombia enfrenta nuevos desafíos sociales y políticos, la experiencia de aquellos jóvenes universitarios que decidieron no conformarse con el statu quo sigue siendo inspiradora.
La Séptima Papeleta demostró que la democracia no es solo un ejercicio electoral, sino un proceso continuo de participación ciudadana. Enseñó que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, no deben ser espectadores pasivos de la historia, sino protagonistas activos de su construcción.
En resumen, la Séptima Papeleta fue mucho más que una estrategia política ingeniosa; fue la manifestación de una generación que se negó a aceptar la violencia y la exclusión como destino inevitable de su país. Su legado perdura en cada acción de tutela interpuesta, en cada derecho fundamental protegido y en cada manifestación pacífica de la voluntad popular. Colombia le debe a aquellos jóvenes visionarios no solo una nueva Constitución, sino la demostración de que el cambio es posible cuando la ciudadanía se organiza y actúa con determinación y esperanza.