Hay una conversación que está ocurriendo en las mesas de los domingos, entre el café y las galletas de mantequilla. No es sobre política ni sobre los nietos. Es sobre algo que durante décadas fue tema prohibido, territorio exclusivo de curas y médicos: cómo queremos irnos de este mundo.
Los que hoy peinan canas y navegan los sesenta —esa generación que le tocó todo: la violencia, la apertura económica, los celulares y ahora los nietos por videollamada— tienen algo muy claro: no van a morir como murieron sus papás. No quieren tubos, no quieren máquinas, no quieren ese teatro macabro de las UCI donde la vida se mide en pitidos y la dignidad se pierde entre cables.
“Yo no quiero eso para mí”, se oyen decir cada vez más. Y no lo dicen con miedo. Lo dicen con una claridad casi desafiante, como quien traza una línea en la arena.
Colombia hizo algo que pocos países en el mundo han logrado: quitarle a la muerte el monopolio divino. Desde 1997, cuando la Corte Constitucional dijo que obligar a alguien a vivir entre dolores atroces era una crueldad, el país empezó a escribir una historia distinta. Una donde morir dignamente no es un pecado sino un derecho.
Pero que exista en el papel es una cosa. Que funcione en la vida real es otra muy distinta. Durante casi dos décadas, ese derecho fue como esos decretos que nadie cumple: letra muerta. Hasta que en 2015 apareció Ovidio González, un hombre con cáncer de rostro que le puso cara —literalmente— al derecho a morir sin sufrimiento. Su hijo, conocido como ‘Matador’, se convirtió en el primer colombiano en acompañar legalmente a su padre hasta el final.
Desde entonces, más de mil personas han dicho “ya basta” y han cerrado el libro de su vida en sus propios términos. Mil colombianos que prefirieron la paz al dolor, la dignidad a la agonía.
El proceso no es sencillo ni debería serlo. Nadie quiere que esto se vuelva un trámite de notaría. Hay filtros, hay comités, hay protocolos médicos diseñados para garantizar que quien pide la eutanasia realmente lo quiere, lo entiende y cumple las condiciones.
Primero, tiene que haber una enfermedad seria. Antes se exigía que fuera terminal —seis meses o menos de vida—, pero en 2021 la Corte dijo que eso era discriminatorio. Ahora basta con que sea grave, incurable y que genere un sufrimiento que la persona considere intolerable. Porque el sufrimiento no se mide con relojes sino con experiencias.
Segundo, la persona tiene que estar en pleno uso de razón. Un comité interdisciplinario —médico, abogado, psicólogo— verifica que la decisión sea libre, informada y persistente. No vale un arrebato. Esto es una elección de vida. O mejor dicho, de muerte.
Y tercero, la persona puede arrepentirse hasta el último segundo. Nadie la va a juzgar. Nadie la va a presionar. El derecho incluye el derecho a decir “no, mejor no”.
El procedimiento en sí es rápido y sin dolor. Un cóctel farmacológico —sedante, anestésico, relajante muscular— que en pocos minutos apaga las luces sin angustia, sin asfixia, sin drama. Es lo más parecido a quedarse dormido y no despertar.
Aquí es donde la cosa se pone práctica. Porque una cosa es pensar en la muerte cuando uno está sano y otra muy distinta es decidir cuando ya no se puede ni hablar. Para eso existe el Documento de Voluntad Anticipada, o como deberíamos llamarlo: el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos.
Firmarlo no es rendirse. Es todo lo contrario. Es tomar el control. Es decir: “Si algún día no puedo decidir, esto es lo que quiero”. Y lo más importante: es quitarles a nuestros seres queridos la carga moral de tener que adivinar qué hubiéramos querido.
Se puede hacer ante notario, ante dos testigos sin parentesco o ante el médico tratante. Lo crucial es dejarlo por escrito, claro, sin ambigüedades. Y sí, se puede cambiar de opinión las veces que uno quiera mientras esté consciente.
En 2023, Colombia registró 352 eutanasias. El récord histórico. Bogotá concentra más de la mitad de los casos; Antioquia, otro cuarto. El resto del país todavía mira desde lejos, a veces porque no hay médicos dispuestos, a veces porque las EPS ponen trabas.
El ochenta por ciento de quienes piden eutanasia tienen cáncer. Pero después de que la Corte eliminó el requisito de terminalidad, empezaron a aparecer casos de ELA, de enfermedades degenerativas, de dolores crónicos que no matan pero tampoco dejan vivir.
De cada cien solicitudes, solo treinta terminan en procedimiento. El resto se quedan en el camino: algunos porque los comités dicen que no, otros porque el paciente se arrepiente o muere antes. Ahí hay una brecha enorme que todavía hay que cerrar.
En América Latina, Colombia es el faro. Ecuador se sumó hace poco, pero con limitaciones. Uruguay debate. El resto del continente mira desde la tribuna, entre la curiosidad y el espanto.
España, Holanda, Bélgica, Canadá: esos son nuestros pares. No está mal la compañía. Pero lo que Colombia ha logrado es único: el derecho a la eutanasia para menores de edad (sí, con todos los controles del caso), el reconocimiento del suicidio asistido y el acceso para enfermos no terminales. Ningún otro país tiene un marco tan completo.
Lo difícil no es firmar el papel. Lo difícil es hablarlo. Sentarse con los hijos, con la pareja, con los hermanos, y decir: “Miren, si algún día me pasa algo, esto es lo que quiero”.La clave es no esperar al diagnóstico. Hablar de esto cuando todavía estamos bien, cuando no hay urgencia ni lágrimas, permite una conversación tranquila. Informada. Respetuosa.Y hay que explicar que esto no es suicidio común. No es abandono. Es un acto médico, compasivo, regulado, pensado para evitar el sufrimiento innecesario. Es, en el fondo, un último acto de amor propio.
Acá hay un problema gordo: todo este andamiaje jurídico se sostiene sobre sentencias de la Corte, no sobre una ley aprobada por el Congreso. Eso significa que depende de resoluciones ministeriales que pueden cambiar con cada gobierno, de interpretaciones que varían según quién esté en el comité.
Colombia necesita una ley orgánica de muerte digna. Una que blinde el derecho, que lo extienda a todo el territorio, que obligue a las EPS a garantizar médicos no objetores, que facilite el acceso en las regiones. Porque el derecho a morir con dignidad no puede depender del código postal.
Hay algo profundamente humano en querer decidir cómo termina la propia historia. No es morboso. No es cobarde. Es, quizás, el acto más valiente: mirar de frente al final y decir “esto lo hago a mi manera”.
La generación de los atardescentes vio morir a sus padres enchufados a máquinas, sedados hasta la inconsciencia, convertidos en un expediente clínico. Juraron que con ellos sería distinto. Y Colombia, para bien o para mal, les está dando las herramientas para cumplir esa promesa.
Porque al final del día —o al final de la vida—, la muerte es lo único verdaderamente democrático: nos llega a todos. La diferencia está en si nos encuentra preparados, con la voluntad escrita y la conciencia tranquila, o si nos arrastra hacia un final que nunca elegimos.
La muerte digna no es sobre morir. Es sobre vivir hasta el último segundo con la cabeza en alto. Y eso, en Colombia, ya no es un privilegio. Es un derecho.