A raíz del juicio y condena a Álvaro Uribe Vélez, en Colombia nos hemos vuelto expertos en un tema: Lawfare, del que poco se sabe. Cada uno usa la explicación a su acomodo.
El lawfare es como usar las reglas del juego (las leyes) para hacer trampa de manera «legal». Es cuando alguien utiliza el sistema judicial no para buscar justicia real, sino para atacar, desacreditar o eliminar políticamente a un oponente.
Las características del lawfare incluyen:
– Apariencia de legalidad: Todo parece un proceso judicial normal
– Procesos sin mérito real: Se inician juicios sin pruebas sólidas
– Manipulación mediática: Se usa la publicidad negativa para dañar la reputación
– Objetivo político: La meta es eliminar al rival de la arena política
Desde principios de los 2000, América Latina ha vivido varios casos que han sido catalogados como lawfare:
-Brasil: La famosa operación «Lava Jato» llevó a prisión al expresidente Lula da Silva, impidiéndole participar en las elecciones de 2018 cuando lideraba las encuestas. Después se reveló que el juez Sergio Moro, quien lo condenó, había coordinado secretamente con los fiscales.
Ecuador: Rafael Correa fue condenado a 8 años de prisión y 25 años sin poder hacer política por el «Caso Sobornos».
-Argentina: Cristina Fernández de Kirchner ha enfrentado múltiples procesos judiciales que sus defensores califican como persecución política.
El caso que tiene a Colombia dividida: Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Uribe fue declarado culpable en primera instancia por **fraude procesal y soborno a testigos**. Según la acusación, junto a su abogado Diego Cadena, intentó manipular testigos en un proceso judicial. Las pruebas incluyen interceptaciones telefónicas y grabaciones de un «reloj espía».
Los partidarios de Uribe han reaccionado con furia, calificando el fallo como un claro ejemplo de lawfare. Sus argumentos son:
–«Es venganza política»: La senadora Paloma Valencia declaró que «Este no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque». María Fernanda Cabal agregó que el fallo «envía un mensaje político».
«Las pruebas no son válidas»: 38 juristas firmaron una carta argumentando que no había pruebas suficientes. La defensa insiste en que los audios fueron editados y que las interceptaciones telefónicas fueron ilegales.
«Es un juicio político»: Según esta visión, el verdadero objetivo es inhabilitar a Uribe políticamente, no hacer justicia.
«Pone en riesgo las instituciones»: Argumentan que este tipo de procesos erosiona la confianza en la justicia colombiana.
La posición contraria: «Es justicia independiente»
Del otro lado, diversos sectores defienden la decisión judicial:
-El presidente Gustavo Petro ha enfatizado que «es deber del gobierno garantizar la protección de la juez» y que «el mundo debe respetar a los jueces de Colombia».
-La jueza Sandra Heredia fue clara al dictar la sentencia: «nadie está por encima de la ley» y el fallo es una «respuesta del Estado a través de su justicia».
-El senador Iván Cepeda, víctima en el proceso, llamó a «respetar la institucionalidad y respetar a la justicia», describiendo el proceso como «garantista y profundamente respetuoso del debido proceso».
El caso Uribe es más que un juicio: es un espejo de las profundas divisiones políticas de Colombia. La forma en que cada sector interpreta el fallo revela cómo la confianza en las instituciones está fracturada.
Los riesgos del concepto «lawfare»
Aunque el término puede ser útil para denunciar abusos reales del sistema judicial, también puede convertirse en un «comodín» que cualquier político use cuando no le guste una decisión judicial. Esto plantea preguntas incómodas:
– ¿Cómo distinguir entre lawfare real y un político que simplemente no acepta las consecuencias de sus actos?
– ¿Puede la justicia funcionar cuando cada fallo es inmediatamente politizado?
– ¿Qué pasa con la democracia cuando nadie confía en que los jueces sean imparciales?
El caso Uribe aún no ha terminado: puede apelar la decisión. Pero más allá del resultado final, el debate sobre lawfare en Colombia ya ha dejado huella. Ha mostrado que:
- La polarización es real: Los colombianos parecen vivir en realidades paralelas sobre lo que significa justicia
- Las instituciones están bajo presión: Cada decisión judicial importante se vuelve un campo de batalla político
- La democracia enfrenta desafíos: Cuando no hay consenso sobre las reglas básicas, es difícil mantener la estabilidad
El lawfare, real o percibido, plantea uno de los mayores desafíos para las democracias latinoamericanas: ¿cómo mantener la justicia independiente en sociedades profundamente polarizadas? ¿Es posible que los tribunales sean verdaderamente imparciales cuando todo se vuelve político?
La respuesta a estas preguntas no solo determinará el futuro de figuras como Álvaro Uribe, sino el destino mismo de la democracia en la región. En un mundo donde la línea entre justicia y política se difumina cada día más, todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de exigir instituciones fuertes, transparentes y verdaderamente independientes.
Porque al final del día, una democracia solo funciona cuando todos podemos confiar en que las reglas se aplican por igual, sin importar el color político de quien esté siendo juzgado.