Hay momentos en la historia en que uno quisiera creer que todo es una broma macabra, un malentendido monumental, quizás una parodia mal actuada de algún guion descartado de House of Cards. Pero no. Enero de 2026 llegó con la sutileza de un martillo sobre cristal: Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Caracas, decidió renombrar el Golfo de México como «Golfo de América» y, de paso, recordó al mundo que la Doctrina Monroe —ese artefacto polvoriento de 1823— sigue más viva que nunca. Solo que ahora tiene un apodo: la Doctrina Donroe.
El nombre, claro, no es oficial. Es un invento mediático que fusiona a Donald con Monroe, y que resume mejor que cualquier documento de la Casa Blanca lo que está pasando: la versión recargada, sin complejos y con esteroides de aquella declaración que James Monroe lanzó hace más de dos siglos para mantener a Europa lejos del hemisferio. La diferencia es que Monroe hablaba desde la debilidad de una nación joven rodeada de imperios hostiles. Trump habla desde la certeza de quien tiene portaviones, drones y la convicción inquebrantable de que el continente americano es, literalmente, suyo.
La cosa empezó en 1823, cuando Monroe le dijo a las potencias europeas que se quedaran en su lado del Atlántico. «Los continentes americanos no deben ser considerados ya como objeto de futura colonización», sentenció. Era una declaración audaz para un país que apenas podía defenderse solo, pero funcionó. O mejor dicho, la Royal Navy británica hizo que funcionara, porque a Estados Unidos le faltaban barcos y músculo.
Durante el siglo XIX, la doctrina fue más un deseo que una realidad. Los británicos ocuparon las Malvinas, los franceses pusieron a Maximiliano en México, y Washington miraba con impotencia. Pero después de la Guerra Civil, cuando Estados Unidos se industrializó y construyó una armada de verdad, la cosa cambió. En 1895, el Secretario de Estado Richard Olney soltó una frase que debería estar enmarcada en todos los ministerios de relaciones exteriores de Latinoamérica: «Hoy en día, Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente, y su fiat es ley».
Ahí empezó el problema. La Doctrina Monroe dejó de ser un escudo contra Europa para convertirse en un garrote contra los vecinos del sur.
Los latinoamericanos, que no somos tontos aunque a veces lo parezcamos, respondieron con lo único que tenían: el derecho internacional. Dos argentinos brillantes, Carlos Calvo y Luis María Drago, construyeron la defensa jurídica que todavía hoy —contra todo pronóstico— sigue siendo relevante.
Calvo, en 1868, dijo algo revolucionario: los extranjeros que invierten en un país no tienen más derechos que los nacionales. Si un gringo compra tierras en Argentina y tiene un problema, que lo resuelva en los tribunales argentinos, con leyes argentinas. Nada de llamar a la marina para cobrar. Esto se plasmó en la famosa «Cláusula Calvo», que obligaba a los inversionistas extranjeros a renunciar a la protección de sus gobiernos. Estados Unidos nunca la aceptó del todo, pero la cláusula se metió en constituciones y contratos por toda la región.
Drago fue más lejos. En 1902, cuando Alemania, Inglaterra e Italia mandaron sus flotas a bombardear Venezuela porque el gobierno de Cipriano Castro no pagaba sus deudas, el canciller argentino escribió una nota histórica. Su argumento era cristalino: la deuda pública no puede ser motivo de intervención armada. Si un banco europeo le presta plata a un país inestable, asume el riesgo. Ese riesgo ya está compensado en las altas tasas de interés que cobra. Convertir una mala inversión en causa de guerra es, simple y llanamente, un abuso.
La Doctrina Drago fue el intento más sofisticado de América Latina por ponerle límites legales al imperio. Y funcionó, al menos en el papel. En la Segunda Conferencia de Paz de La Haya, en 1907, se adoptó una versión aguada de la doctrina que prohibía el uso de la fuerza para cobrar deudas… a menos que el país deudor rechazara el arbitraje. Era una victoria pírrica, pero victoria al fin.
Estados Unidos, por supuesto, no iba a permitir que un puñado de juristas porteños le arruinara la fiesta. Theodore Roosevelt, en 1904, le dio la vuelta a todo con el «Corolario Roosevelt». Su lógica era perversa pero efectiva: si los países latinoamericanos no pueden mantener el orden ni pagar sus deudas, entonces Estados Unidos debe intervenir para evitar que Europa lo haga.
O sea: Europa no puede venir a cobrar, pero nosotros sí. Y para que nadie se confunda, vamos a ocupar sus aduanas, a administrar sus finanzas y, de paso, a decidir quién gobierna.
Así llegaron las ocupaciones de República Dominicana, Haití, Nicaragua. La Doctrina Monroe dejó de decir «Europa, quédate afuera» para decir «Nosotros mandamos porque si no, alguien más lo hará». Era el imperialismo vestido de buenas intenciones, el protectorado disfrazado de protección.
Después vino la Guerra Fría, y la cosa se puso ideológica. Ya no se trataba solo de dinero o de puertos, sino de comunismo. Guatemala en 1954, Chile en 1973, Granada en 1983, Panamá en 1989. Cada vez que un gobierno latinoamericano se salía del libreto, Washington invocaba la Doctrina Monroe para justificar golpes, invasiones o desestabilizaciones. La soberanía de los países del sur estaba condicionada: podías ser independiente siempre y cuando hicieras lo que Washington quería.
Y así llegamos a 2026, cuando Donald Trump decidió que ya no había que andar con rodeos. En su segunda presidencia, resucitó la Doctrina Monroe y la puso en esteroides. La llamó «Corolario Trump», pero todos la conocen como Doctrina Donroe, y su lógica es brutal en su simpleza: el hemisferio es nuestro, los recursos son nuestros, y cualquiera que diga lo contrario es una amenaza a la seguridad nacional.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 lo dice sin ambigüedades: «Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro Hemisferio». Esa frase lo dice todo. «Nuestro hemisferio», no «el hemisferio». Es una cuestión de propiedad, no de influencia.
La Doctrina Donroe tiene tres pilares. Primero, la negación estratégica: sacar a China y Rusia del continente. No solo bases militares, sino puertos, redes 5G, minas de litio. Todo lo que pueda tener un uso dual. Segundo, la apropiación de recursos: asegurar que el petróleo, los minerales y la energía de la región estén disponibles para Estados Unidos, no para sus adversarios. Y tercero, la soberanía extendida: reescribir la geografía mental de la región para que quede claro quién manda.
El 3 de enero de 2026, la teoría se volvió práctica. Fuerzas especiales estadounidenses entraron en Caracas, capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, y los sacaron del país en helicópteros. La operación se llamó «Resolución Absoluta», un nombre que no deja espacio para la ironía. Dejó 23 militares venezolanos y 32 asesores cubanos muertos. Fue quirúrgica en el sentido de que no hubo una invasión masiva, pero fue violenta en su ejecución.
Trump no pidió permiso a la OEA, no invocó la Carta Democrática Interamericana, ni fingió que había una coalición internacional. Simplemente dijo que Maduro había convertido a Venezuela en una base para adversarios no hemisféricos —Rusia, Irán— y que eso violaba la Doctrina Monroe. También lo acusó de narcoterrorismo, lo que le permitió tratarlo como un criminal, no como un jefe de Estado con inmunidad soberana.
Pero lo más revelador vino después. Estados Unidos no instaló a la oposición venezolana en el poder. En su lugar, anunció que controlaría la comercialización del petróleo venezolano. Los ingresos no van al gobierno interino ni al Estado venezolano, sino a cuentas en bancos estadounidenses. Trump dijo, sin rodeos, que Estados Unidos «dirigiría el país» hasta que hubiera una transición segura. Venezuela pasó de ser una república soberana a un protectorado de facto. Drago se revolcó en su tumba.
Como si la captura de Maduro no fuera suficiente, el mismo día de su segunda toma de posesión, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Golfo de México por «Golfo de América». La Orden Ejecutiva 14172 instruyó al Departamento del Interior y a la Junta de Nombres Geográficos a actualizar todos los documentos federales, cartas náuticas, bases de datos.
La justificación oficial es que esta masa de agua ha sido «un activo integral para nuestra otrora floreciente nación». El problema es que el Golfo de México tiene costas compartidas con México y Cuba. Renombrarlo como «Golfo de América» —entendiendo América como sinónimo exclusivo de Estados Unidos— es un acto de apropiación simbólica. Es decir: este mar ya no es una frontera internacional, es nuestro lago interior.
México, por supuesto, no lo aceptó. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que seguiría llamándolo Golfo de México, y que la soberanía no estaba a negociación. Brasil y Colombia se sumaron a la condena. Luis Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro articularon una respuesta conjunta, rechazando la «visión anticuada de zonas de influencia».
Es, literalmente, el retorno de la Doctrina Drago. Sin poder militar para enfrentarse a Estados Unidos, las potencias medias de la región apelan al derecho internacional, a la igualdad soberana, a la legitimidad moral. Es lo único que tienen. Y, contra todo pronóstico, sigue importando.
China y Rusia, por supuesto, no se quedaron calladas. Beijing expresó «profunda conmoción» y exigió la liberación de Maduro. China es el mayor acreedor de Venezuela; el control estadounidense del petróleo venezolano significa que no puede cobrar sus deudas con crudo. Es un golpe directo a su seguridad energética y a su estrategia en la región.
Rusia condenó la acción, pero su reacción fue más débil. La facilidad con la que Estados Unidos desmanteló a su aliado en Caracas expuso la incapacidad de Moscú para proyectar poder real en el hemisferio occidental. Además, la Guardia Costera estadounidense incautó petroleros rusos —como el Bella 1— en el Atlántico y el Caribe, bajo la justificación de la Doctrina Donroe. El conflicto ya no es solo en Venezuela; se extendió a las rutas marítimas globales.
En 2026, la Doctrina Monroe no solo está vigente: está en su forma más agresiva y descarada. Ha abandonado cualquier pretensión de buena vecindad o de multilateralismo. Se basa en la premisa realista de que, en un mundo de competencia entre grandes potencias, América Latina es un recurso estratégico que debe ser asegurado, no un socio que debe ser consultado.
Pero la Doctrina Drago también sigue viva. No tiene la fuerza militar para imponerse —la caída de Maduro lo demostró—, pero sigue siendo el marco intelectual que une a Brasil, México y Colombia en su resistencia. La insistencia en que «la fuerza no crea derecho» es el legado de Luis María Drago, y es lo único que queda entre la hegemonía absoluta y la dignidad soberana.
El hemisferio entró en una era de soberanía fracturada. Estados Unidos ha logrado, tácticamente, eliminar a un adversario y asegurar recursos a corto plazo. Pero estratégicamente, ha destruido la confianza diplomática en la región. Ha empujado a las potencias medias latinoamericanas a una posición de resistencia defensiva, y ha generado un resentimiento que podría, paradójicamente, abrir más puertas a las potencias extrarregionales que la doctrina busca expulsar.
La pregunta no es si la Doctrina Monroe está vigente. La pregunta es si la Doctrina Donroe, en su versión brutal y sin complejos, puede generar un orden sostenible o si, por el contrario, está sembrando las semillas de su propia ruina. Porque una cosa es capturar presidentes y renombrar golfos. Otra muy distinta es gobernar un continente que ya no quiere ser gobernado.
Y en esa tensión, en ese choque entre la fuerza y el derecho, se jugará el futuro del hemisferio. O como dirían en Washington: del nuestro hemisferio.