Setenta y seis masacres en un año. Doscientas cincuenta víctimas. Esos son los números del 2025, y no hay forma de pintarlos bonitos. La política de “Paz Total” que llegó con buenas intenciones se ha estrellado contra una realidad tozuda: los grupos armados no están negociando de buena fe, están rearmándose.
El Estado Mayor Central y el ELN aprovecharon los ceses al fuego para expandirse, no para desmovilizarse. Lo que se vendió como un camino hacia la paz terminó siendo, en muchos territorios, un permiso para que los armados se reorganizaran tranquilos. Y mientras tanto, los líderes sociales siguen cayendo. Cauca, Norte de Santander, Putumayo: los mismos nombres de siempre, las mismas historias de terror.
El diagnóstico para el próximo gobierno es brutal: no puede haber paz sin Estado. Y no puede haber Estado sin control territorial efectivo. Los ceses al fuego que no se pueden verificar son papel mojado. Las zonas de despeje de facto son un error histórico que ya se cometió una vez y no se puede repeter.
La nueva doctrina que se propone para 2026-2030 se llama “Seguridad para la Paz”, y la idea es simple: si un grupo armado viola el cese al fuego en una zona —extorsionando, secuestrando, matando—, la Fuerza Pública reanuda operaciones ofensivas inmediatas. Nada de esperar meses mientras se “analiza” si hubo o no incumplimiento. La respuesta debe ser rápida y contundente.
Pero la estrategia militar sola no basta. La protección de líderes sociales, por ejemplo, necesita un cambio radical. Hasta ahora, el esquema ha sido de escoltas individuales. El problema es que matan al líder de todos modos, porque el escolta no puede estar las 24 horas. La nueva propuesta es de “protección colectiva territorial”: en los municipios más peligrosos, como Corinto o Tibú, se establecerían “enclaves de seguridad humana” con presencia permanente de Fuerza Pública, Fiscalía y Defensoría. La idea es blindar a la comunidad entera, no solo a una persona.
Y luego está la inteligencia, porque capturar cabecillas que se reemplazan en una semana no sirve de nada. Lo que sí funciona es desmantelar las economías ilícitas que financian a estos grupos. Minería ilegal, narcotráfico, extorsión: todo eso deja un rastro financiero. La propuesta es fortalecer la inteligencia financiera y usar tecnología —vigilancia satelital, drones— para monitorear cultivos y movimientos en tiempo real.
Pero la seguridad sin justicia es humo. De nada sirve que el Ejército capture a alguien si después lo sueltan por vencimiento de términos. Por eso, la estrategia incluye desplegar jueces de garantías itinerantes en zonas de conflicto, protegidos por el Estado, para que las capturas se judicialicen de verdad.
El gran dilema es que todo esto cuesta plata, y como ya vimos en el primer artículo, la plata escasea. Pero el costo de no hacerlo es mucho mayor: un país donde nadie invierte porque el riesgo es demasiado alto, donde el turismo no despega porque hay zonas vedadas, y donde las comunidades rurales siguen viviendo entre el fuego cruzado.
La paz sigue siendo el objetivo. Pero el camino no es de rodillas, es con autoridad. Y con un Estado que por fin llegue a todas partes, no solo a las capitales.
