La Constitución es el gordo a quien siempre ponen a tapar. Hoy todos hablan de un acuerdo nacional como si fuera el elixir de nuestra dmocracia o fuera algo novedoso.Y no.
Hay una escena que se repite en la historia colombiana con una puntualidad casi cómica. El presidente de turno —acorralado por una crisis, un escándalo, una guerra o las tres al mismo tiempo— convoca a sus adversarios más encarnizados, los sienta en una mesa, habla de “los grandes intereses de la nación” y anuncia, con voz grave y mirada de estadista, que ha llegado la hora del Acuerdo Nacional.Los periodistas lo fotografían. Los analistas lo elogian. El país suspira. Y seis meses después, todo sigue exactamente igual.
Lo que pocos saben —o prefieren no recordar— es que Colombia no ha intentado esto una vez, ni dos, ni cinco. Desde 1902 hasta el 2024, el país ha convocado catorce grandes pactos de “unión nacional”. Catorce veces. Una generación entera de colombianos ha nacido, crecido y muerto entre una propuesta de acuerdo y la siguiente.La pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta es brutalmente sencilla: ¿para qué sirven, realmente?El primer truco lo firmaron a bordo de un barco de guerra
Corría 1902 y Colombia acababa de salir de la Guerra de los Mil Días hecha pedazos. Miles de muertos, una economía destruida, y para rematar, Panamá a punto de irse con otro. En ese contexto de humillación nacional, generales del gobierno y jefes liberales se sentaron a firmar la Paz del Wisconsin —llamada así porque el documento se rubricó a bordo de un acorazado estadounidense anclado en aguas colombianas.
El simbolismo era potente: hasta el nombre era prestado.
Pero ese primer acuerdo estableció el molde que se repetiría durante todo el siglo siguiente. Los de arriba negocian. Los de abajo esperan. El país se calma un rato. Y cuando la calma se acaba, se busca otro acuerdo.
Rafael Reyes llegó al poder dos años después prometiendo “mucha administración y poca política” —una frase que hoy sonaría a tecnocracia de Foro Económico Mundial—, metió liberales en su gabinete y logró una estabilidad relativa que duró hasta que sus propios aliados se le voltearon. En 1910, la Unión Republicana reformó la Constitución para limitar el poder presidencial, prohibir la reelección inmediata y elegir al presidente directamente. Fue, probablemente, el acuerdo más honesto del siglo: cambió reglas concretas en vez de solo cambiar el tono.
Después de eso, vino la Concentración Nacional de Olaya Herrera en 1930. Luego la Unión Nacional de Ospina Pérez en 1946. Y entonces ocurrió algo que ningún acuerdo había podido prever: el 9 de abril de 1948, mataron a Gaitán.
Esa noche, los líderes liberales fueron al Palacio de Nariño a intentar recomponer el gobierno. Llegaron entre el caos del Bogotazo. La desconfianza era tan espesa que se podía cortar. El acuerdo duró lo que tardó en enfriarse el cadáver.
El Frente Nacional: el acuerdo que “curó” la violencia inventando otra
El más famoso de todos llegó en 1958. Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez —que habían sido enemigos con todas las letras— se reunieron en España, de todas las ciudades del mundo, y firmaron los Pactos de Sitges y Benidorm. El resultado fue el Frente Nacional: durante 16 años, liberales y conservadores se turnarían la presidencia, repartirían cada cargo burocrático en partes iguales y, de paso, le cerrarían la puerta a cualquier otra fuerza política.Funcionó. La guerra entre los dos partidos se acabó.
Pero aquí está el detalle que nadie menciona en los discursos: al excluir a todo el mundo que no fuera liberal o conservador, el Frente Nacional empujó a toda una generación de colombianos hacia la única alternativa que quedaba. Las FARC se fundaron en 1964. El ELN, en 1965. El M-19, en 1970.
El acuerdo que puso fin a una violencia creó las condiciones para otra que duraría cincuenta años más. Colombia, en su historia, tiene una habilidad particular para resolver problemas de una manera que fabrica el siguiente.
Belisario, Barco, Gaviria: la década en que casi funcionó
La historia da un giro interesante en los años ochenta. Belisario Betancur fue el primero en decir algo que parecía de sentido común pero que en Colombia sonó casi a herejía: que la guerrilla tenía causas objetivas, que la pobreza y la exclusión no eran excusas sino explicaciones, y que había que negociar.
Creó comisiones de paz. Firmó una amnistía. Negoció un cese al fuego con las FARC en La Uribe. Hasta nació la Unión Patriótica como partido legal.
Y entonces los mataron a todos. Al candidato presidencial. A los alcaldes. A los concejales. A los militantes de base. El exterminio de la UP fue uno de los episodios más sombríos de la historia colombiana, y demostró algo que ningún texto constitucional puede garantizar: que un acuerdo nacional firmado en Bogotá no vale nada si los poderes regionales —legales e ilegales— no lo acatan.
Virgilio Barco continuó por otro camino: negoció con el M-19 y abrió la puerta a una reforma constitucional que el Congreso tradicional jamás hubiera aprobado. Cuando César Gaviria llegó a la presidencia, el movimiento estudiantil de la “Séptima Papeleta” ya estaba empujando desde abajo. La Asamblea Constituyente de 1991 fue, hasta ahora, el único acuerdo nacional colombiano que integró a guerrilleros desmovilizados, minorías indígenas, iglesias no católicas y sectores independientes en la misma mesa donde se redactaba la norma de normas.Fue imperfecto. Fue incompleto. Pero fue real.
El siglo XXI: cuando el acuerdo se volvió marketing
Después de 1991, algo cambió en el uso de la figura. Ernesto Samper, hundido en el Proceso 8000 y con medio gabinete señalado de haber recibido dinero del Cartel de Cali, convocó un “Acuerdo Nacional contra la Violencia” en 1995. Era, en esencia, una estrategia de supervivencia política disfrazada de convocatoria ciudadana.
Pastrana se fue al otro extremo: despejó 42.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, se sentó con los jefes de las FARC y esperó. Las FARC usaron la zona para reorganizarse, reclutar y sembrar coca. El Caguán se convirtió en sinónimo de ingenuidad política. El país pasó cuatro años mirando cómo un acuerdo se deshacía en cámara lenta.
Uribe llegó con la tesis contraria: el “Gran Acuerdo Nacional” era derrotar militarmente al “terrorismo”. Ganó popularidad enorme. También dejó un legado de falsos positivos, chuzadas del DAS y paramilitarismo que todavía se está tramitando en la justicia.
Santos firmó la paz con las FARC en 2016. El “No” ganó en el plebiscito por un margen de menos de 54.000 votos. Entonces Uribe pidió un “Gran Acuerdo Nacional” para ajustar el texto. Santos lo renegoció. Se implementó parcialmente. Las disidencias crecieron. Y aquí seguimos.
Duque lanzó su “Gran Conversación Nacional” en 2019 cuando el estallido social amenazaba con desbordar las calles. El Comité del Paro la calificó de cortina de humo. Tenían razón y no la tenían al mismo tiempo: era una cortina de humo, pero también era lo único que el gobierno podía ofrecer sin ceder en lo fundamental.
En 2024, el ministro Juan Fernando Cristo —un hombre que conoce los pasillos de la política colombiana desde hace décadas— recibió el encargo de construir un “Acuerdo Mínimo” en torno a cinco ejes: seguridad en la política, reglas electorales claras, transformación territorial en los 170 municipios PDET, crecimiento con equidad y deliberación legislativa de las reformas.
Lo interesante del planteamiento no es su novedad —porque no es nuevo— sino su modestia. No promete refundar la república. No habla de “unidad nacional” con mayúsculas. Habla de mínimos. De lo que todos podrían aceptar aunque no estén de acuerdo en casi nada más.
Si eso es un avance o simplemente un reconocimiento de que ya nadie cree en los grandes gestos, depende de quién lo lea.El patrón es tan consistente que resulta perturbador. Los acuerdos nacionales colombianos fracasan cuando son reparto de burocracia entre élites. Sobreviven —precariamente— cuando logran transformar reglas concretas o integrar a nuevos actores que antes estaban excluidos.
La Constitución del 91 es el mejor ejemplo de lo segundo. La Unión Nacional de Ospina Pérez, que terminó en el Bogotazo, es el mejor ejemplo de lo primero.
El problema de fondo es que Colombia es un país donde el Estado siempre ha llegado tarde a sus propias periferias. Los acuerdos se firman en Bogotá, en el Palacio de Nariño, en hoteles de cinco estrellas. La violencia se recicla en el Catatumbo, en el Pacífico, en el Bajo Cauca. La distancia entre esos dos mundos nunca ha sido solo geográfica.
Mientras esa distancia exista, habrá un presidente acorralado convocando, con voz grave y mirada de estadista, al próximo Acuerdo Nacional. Y el país, como siempre, suspirará y esperará a ver qué pasa.
Son catorce los que llevamos. El número quince ya está en camino.
