Hay que decirlo sin anestesia: el próximo gobierno va a heredar una economía que respira, pero con oxígeno suplementario. Los números del tercer trimestre de 2025 muestran un crecimiento del 3,6%, lo cual suena optimista en los comunicados de prensa, pero cualquiera que tenga que pagar la luz o llenar el tanque de gasolina sabe que las cifras macro no siempre se traducen en plata en el bolsillo.
La inflación bajó al 5,30% en noviembre, y eso es cierto. El Banco de la República ya empezó a aflojar las tasas de interés, que siguen en un incómodo 9,25%, pero pregúntenle a cualquier empresario pequeño si conseguir un crédito es fácil, o a cualquier familia de clase media si la cuota de la hipoteca ya dejó de doler. La respuesta, casi siempre, es una mueca.
Lo interesante —y preocupante— es que el país está creciendo sin que eso signifique necesariamente que la gente esté mejor. El desempleo está en 8,2%, que para los estándares históricos colombianos es un triunfo. Pero cuando uno rasca un poquito, aparece la informalidad: un 57,5% a nivel nacional. Y en el campo, donde vive buena parte del país que no sale en las fotos, la informalidad alcanza el 83,2%. Eso significa que ocho de cada diez trabajadores rurales no tienen pensión, ni cesantías, ni nada que se le parezca a un futuro asegurado.
Y aquí está el dilema del próximo presidente, sea quien sea: ¿cómo se formaliza sin ahogar a las empresas? Las centrales obreras piden un aumento del salario mínimo del 16% para 2026. Los empresarios ofrecen 7,21%. En el medio está la realidad: si el salario sube mucho, las microempresas —que son la mayoría— prefieren contratar en negro o simplemente no contratar. Si sube poco, el poder adquisitivo se sigue erosionando y la gente se endeuda más.
La propuesta que circula en algunos círculos técnicos es desindexar los costos no salariales del salario mínimo. Suena a jerga económica, pero en cristiano significa que no todo tenga que subir automáticamente cuando sube el mínimo. Y hay otra idea más radical: salarios mínimos diferenciados por región. Porque no es lo mismo vivir en Bogotá que en Quibdó, donde el desempleo está en 28,6% y la economía parece haberse quedado en otra época.
El asunto del empleo juvenil es otro dolor de cabeza. El desempleo en ese grupo está en 14,6%, casi el doble del promedio nacional. Y si eres mujer joven, la cosa empeora: 17,7%. Ahí es donde entra la llamada “Misión Joven 2030”, que básicamente quiere que las prácticas y pasantías cuenten como experiencia real para romper ese círculo vicioso del “necesita experiencia para conseguir trabajo, pero necesita trabajo para tener experiencia”.
Lo fiscal, mientras tanto, es una bomba de tiempo con temporizador visible. Fedesarrollo ya advirtió que hay una “bomba fiscal” esperando al próximo gobierno. El gasto público no se ha ajustado a los niveles prepandemia, y cada vez hay menos margen para maniobrar. No habrá bonanzas petroleras que salven el día, ni espacio para endeudarse como en 2020. Entonces, ¿qué queda? Optimizar el recaudo, perseguir la evasión y, sobre todo, no inventarse otra reforma tributaria que termine matando lo poco que está creciendo.
El plan que se perfila para 2026-2030 habla de “eficiencia del gasto” y de “cumplir la regla fiscal”. Suena aburrido, pero es lo único que puede mantener el grado de inversión del país y evitar que los mercados internacionales nos cobren tasas de interés más altas. Porque al final, el desarrollo no se improvisa con eslóganes. Se construye con cuentas que cuadren y con políticas que no cambien cada cuatro años.
