Bajo el cielo opaco de abril, en un rincón deAntioquia, la vida de Sara Millerey González Borja se apagó como se apaga una vela en medio de un vendaval: con violencia, con saña, con la indiferencia de un mundo que sigue mirando hacia otro lado. El pasado 4 de abril de 2025, en Bello, Antioquia, esta mujer trans de 32 años fue brutalmente golpeada, sus brazos y piernas fracturados por manos que no temblaron y arrojada aún con vida a las aguas contaminadas de la quebrada La García. Allí, aferrada a unas ramas, pidió auxilio mientras alguien, en un acto tan cruel como el ataque mismo, grababa su agonía para hacerla viral. Dos días después, el 6 de abril, Sara murió en el Hospital La María de Medellín, llevándose consigo las respuestas que hoy Colombia exige con velas y gritos en las calles.
Sara no era una desconocida en las calles de Playa Rica, en Bello. Según cuenta El País en su artículo “De la belleza al terror: la historia de Sara Millerey, la víctima del asesinato transfóbico que conmociona a Colombia”, ella era una figura vibrante, una mujer que había encontrado en el reciclaje no solo un medio de subsistencia, sino una forma de habitar el mundo a su manera. Antes de las calles, Sara soñó con la belleza: fue reina de un reinado popular en su juventud, un destello de luz en una vida marcada por el rechazo y la lucha. “La Millerey”, como la llamaban con cariño, llevaba en su risa una resistencia callada, una que desafiaba las miradas duras y los prejuicios de un país que no siempre supo verla. Pero alguien, o algunos, decidió que esa luz debía apagarse. La golpearon hasta quebrarle el cuerpo, la arrojaron al agua como desecho, y dejaron que su grito de auxilio se ahogara en la corriente.
Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en lo que va de este año se han registrado 25 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Colombia, 15 de ellos contra personas trans. Antioquia, con 13 de estos crímenes, se alza como un epicentro de esta violencia que no discrimina entre el día y la noche, entre lo público y lo privado. La Defensoría del Pueblo reporta que en los primeros tres meses de 2025 se han tipificado 13 transfeminicidios, un término que duele pronunciar pero que no podemos seguir ignorando. Y si ampliamos la mirada, la violencia contra las mujeres en general sigue siendo una herida abierta: en 2024, la misma Defensoría acompañó a 287 personas víctimas de violencia por prejuicio de género, 254 de ellas mujeres trans. Los números no mienten, pero tampoco consuelan.
Sara fue más que una estadística. Fue una hija que, como narró su madre en Caracol Radio, “la asesinaron vilmente por ser como era, por ser extrovertida y por ser trans”. Fue una mujer que, tras ganar aquel reinado en su adolescencia, tuvo que enfrentarse a una sociedad que le dio la espalda cuando decidió vivir su identidad. Fue una recicladora que, en palabras de quienes la conocieron, “siempre estaba dispuesta a ayudar”. Y fue, también, una víctima de un odio que no solo mata, sino que humilla: el video de su agonía, grabado y difundido como trofeo, es una muestra de la sevicia que Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, describió como “una práctica sistemática de querer aniquilarla”.
En Colombia, las mujeres, cis o trans, cargan una cruz que no eligieron. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2024 se registraron 630 feminicidios, y aunque los datos de 2025 aún se consolidan, la tendencia no parece ceder. Para las mujeres trans, la violencia se multiplica: no solo enfrentan el machismo estructural, sino también la transfobia que las deshumaniza, que las reduce a cuerpos prescindibles. Sara, con su pasado de reina y su presente en las calles, era un símbolo de esa resistencia que incomoda, que cuestiona, que no se doblega. Y por eso, tal vez, la mataron.
Las autoridades investigan, la Fiscalía promete justicia, y la Gobernación de Antioquia ofrece 50 millones de pesos por información que lleve a los culpables. Pero mientras las respuestas no lleguen, el silencio sigue siendo cómplice.
Cifras
Los transfeminicidios son asesinatos de mujeres transgénero motivados por prejuicios relacionados con su identidad de género. Este término, que combina «trans» y «feminicidio», busca visibilizar una forma específica de violencia estructural que afecta a las personas trans, en particular a las mujeres trans, en contextos donde el machismo, la transfobia y la discriminación se entrelazan. A diferencia del feminicidio, que se centra en el asesinato de mujeres cisgénero por razones de género, el transfeminicidio subraya cómo la identidad trans agrava la vulnerabilidad de las víctimas, a menudo con niveles extremos de crueldad y sevicia.
En Colombia, el transfeminicidio no está tipificado como un delito autónomo en el Código Penal, pero se enmarca bajo la figura del feminicidio (Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely), que ha sido interpretada de manera amplia por la Corte Constitucional para incluir a mujeres trans. Esto responde a la necesidad de reconocer que estas muertes no son simples homicidios, sino actos que buscan «castigar» o «borrar» la existencia de quienes desafían las normas de género impuestas. Sin embargo, la falta de una categoría penal específica dificulta la recolección de datos precisos y la judicialización adecuada de estos casos, dejando un subregistro que organizaciones de derechos humanos intentan compensar.
Los transfeminicidios suelen caracterizarse por su brutalidad.. Este nivel de violencia no es aislado. Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en 2025 se han registrado 25 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Colombia hasta abril, 15 de ellos contra personas trans, con Antioquia como el departamento más afectado (13 casos). La Defensoría del Pueblo, por su parte, reportó 13 transfeminicidios en los primeros tres meses del año, y en 2024 acompañó a 287 víctimas de violencia por prejuicio de género, 254 de ellas mujeres trans.
A nivel regional, Colombia es uno de los países más letales para las personas trans en América Latina, solo superado por Brasil. El Observatorio de Personas Trans Asesinadas (Trans Murder Monitoring) señala que entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 se reportaron 327 asesinatos de personas trans en 44 países, con Colombia ocupando un lugar destacado en la región. Las víctimas, frecuentemente jóvenes (con una esperanza de vida promedio de 35 años para personas trans en el país), son atacadas con armas de fuego o blancas, y los agresores suelen ser hombres que actúan por intolerancia o en contextos de «limpieza social».
Organizaciones como Caribe Afirmativo y la Red Comunitaria Trans denuncian que estos crímenes son sistemáticos y reflejan una sociedad donde la diversidad de género es castigada. Factores como la pobreza, el trabajo sexual, la migración y la exclusión social agravan la vulnerabilidad de las mujeres trans, muchas de las cuales, como Sara Millerey, viven en condiciones de marginalidad. A pesar de avances legales, como la Ley Antidiscriminación de 2011 y políticas públicas LGBTI, la implementación es deficiente, y la impunidad persiste: en el caso de Sara, por ejemplo, no hay detenidos a pesar de la recompensa de 50 millones de pesos ofrecida por la Gobernación de Antioquia.