El país que aprendió a vivir con la guerraHay una fotografía que circuló en los periódicos mexicanos y que resume, con la crueldad que solo tienen las imágenes verdaderas, lo que México se ha convertido. Un autobús carbonizado en una avenida de Guadalajara. Bomberos con mangueras. Transeúntes mirando desde lejos, sin sorpresa en el rostro. Solo ese cansancio particular que tienen los pueblos que han normalizado el desastre
El autobús lo quemaron los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación horas después de que el gobierno mexicano anunciara la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Pero la imagen no habla solo de ese domingo. Habla de un siglo entero de historia que México carga como una deuda que nunca termina de pagarse.
Para entender por qué México llegó hasta aquí, hay que retroceder más de cien años. Hasta los puertos de Sinaloa, donde a finales del siglo XIX llegaron inmigrantes chinos huyendo de la discriminación sistemática en California. Traían consigo, entre otras cosas, el conocimiento del cultivo de la amapola. La Sierra Madre Occidental, con sus cañadas húmedas y su aislamiento natural, resultó ser el ecosistema perfecto. Nadie prestó demasiada atención. Era una planta más entre miles.
Lo que cambió todo no ocurrió en México sino en Washington. La Ley Harrison de 1914 criminalizó los opiáceos en Estados Unidos. La Ley Volstead de 1919 prohibió el alcohol. De golpe, dos mercados enormes quedaron fuera de la ley, lo que no los hizo desaparecer sino mucho más lucrativos. Al norte de la frontera había demanda sin oferta legal. Al sur había campos de amapola, corredores naturales y una pobreza que hacía del contrabando no una opción sino una necesidad para miles de familias en la sierra.
El narcotráfico mexicano no nació de la maldad. Nació de la geografía y la economía.Las primeras figuras que profesionalizaron el negocio aparecieron en los años veinte. Ignacia Jasso, “La Nacha”, controlaba desde Ciudad Juárez el flujo de heroína hacia El Paso con una eficiencia que habría admirado cualquier empresario formal. Su innovación no fue logística sino política: entendió antes que nadie que el verdadero negocio no era mover droga sino comprar silencio. El soborno sistemático a autoridades locales fue, desde el principio, tan parte del modelo de negocio como los burros de carga en la sierra.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción se disparó. El gobierno de Estados Unidos, que necesitaba morfina para sus soldados en el frente, miró hacia otro lado mientras los campos sinaloenses producían a capacidad máxima. México fue, literalmente, un proveedor de guerra. Cuando terminó el conflicto, la infraestructura productiva quedó instalada, los contactos establecidos, las rutas trazadas. Solo faltaba encontrar un nuevo mercado.La contracultura de los años sesenta lo proveyó.
Lo que durante décadas fue un negocio disperso, manejado por figuras regionales con acuerdos tácitos y territorios más o menos respetados, comenzó a transformarse en algo cualitativamente diferente a partir de los años setenta. El catalizador fue, paradójicamente, el gobierno mexicano.
En 1977, la administración de José López Portillo lanzó la Operación Cóndor: miles de soldados desplegados en Sinaloa para erradicar cultivos, quemar campos, desmantelar redes. Fue un éxito táctico y un fracaso estratégico monumental. Lo que logró fue desplazar a los líderes criminales de sus comunidades serranas hacia las ciudades, donde encontraron algo que en la sierra no tenían: escala, anonimato y conexiones políticas.
Guadalajara fue la ciudad elegida. Ahí confluirían, bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, las principales familias del narcotráfico sinaloense. El Cártel de Guadalajara fue la primera organización criminal mexicana que operó con lógica de corporación transnacional. Félix Gallardo, “El Padrino”, no era un pistolero. Era un administrador. Un hombre que entendía que la violencia era un costo de operación, no un objetivo en sí mismo.
Su movimiento más audaz fue la alianza con los cárteles colombianos de Medellín y Cali. Originalmente, los mexicanos eran transportistas: recibían cocaína en la frontera sur y la llevaban hasta Estados Unidos por una tarifa fija. Félix Gallardo negoció algo mejor. El pago en especie. El cincuenta por ciento de la mercancía. De transportistas pasaron a distribuidores. De empleados a socios. El poder económico que eso representó era incompatible con cualquier pretensión de control estatal.
El sistema funcionó mientras hubo un arreglo implícito con el poder político. El PRI, que gobernaba México sin competencia real, toleraba el narcotráfico como toleraba otras formas de corrupción institucionalizada: con discreción y a cambio de orden. Los capos no mataban periodistas ni atacaban al ejército. El gobierno no los perseguía con demasiado entusiasmo. Era un equilibrio sucio pero relativamente estable, que fue roto por un agente de la DEA.
El 7 de febrero de 1985, Enrique “Kiki” Camarena fue secuestrado en Guadalajara. Apareció muerto un mes después, con evidencias de haber sido torturado durante días. Washington exigió cuentas. El gobierno mexicano ya no podía mirar hacia otro lado. Félix Gallardo fue arrestado en 1989. Antes de caer, tuvo la previsión de convocar a una reunión en Acapulco donde repartió el país entre sus principales asociados: Tijuana para los Arellano Félix, Juárez para los Carrillo Fuentes, Sinaloa para los Guzmán y los Zambada, el Golfo para Juan García Ábrego.Esa repartición, que debía traer orden, trajo guerra. Porque los acuerdos entre criminales no tienen tribunales donde dirimir controversias.
Los años noventa fueron la década de la fragmentación. Cada cártel regional desarrolló su propio ejército privado. El más significativo surgió del Cártel del Golfo, que comenzó a reclutar desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, la unidad élite del ejército mexicano. Los llamaron Los Zetas. Por primera vez en la historia del narcotráfico mexicano, un grupo criminal tenía entrenamiento militar de verdad, disciplina de cuartel y acceso a armamento que igualaba o superaba al del Estado.
Lo que Los Zetas introdujeron no fue solo violencia sino un nuevo vocabulario de la violencia. Las ejecuciones masivas. Los cuerpos colgados de puentes. Los videos de decapitaciones distribuidos en internet como herramienta de comunicación estratégica. La idea de que el terror sistemático podía ser más eficiente que la negociación.Ese manual lo copiarían, con variaciones, todos los grupos que vinieron después.
Para 2006, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia y declaró la “guerra contra el narco” desplegando cuarenta mil soldados en las calles, México ya era un país diferente al que había sido veinte años antes. La pregunta que nadie formuló con suficiente claridad fue: ¿guerra contra quién, exactamente? Los cárteles no eran ejércitos convencionales con cuarteles identificables. Eran redes. Hidras. Cada cabeza que cortabas hacía crecer dos más.
Los números de la guerra de Calderón son brutales. Entre 2006 y 2012, México registró más de 60,000 homicidios relacionados con el crimen organizado. Ciudad Juárez, en su peor momento, alcanzó una tasa de 230 homicidios por cada cien mil habitantes, convirtiéndose en la ciudad más violenta del mundo en tiempo de paz. El gobierno capturó o mató a líderes de prácticamente todos los cárteles. Y cada captura desataba una guerra de sucesión que producía más violencia que la que había antes.
La estrategia de descabezamiento tiene un problema fundamental: supone que las organizaciones criminales son pirámides que colapsan cuando eliminas la cima. Pero los cárteles mexicanos aprendieron, con el tiempo, a ser redes horizontales. Resilientes por diseño.
Es en ese contexto de guerra permanente donde surge el Cártel Jalisco Nueva Generación. No como una organización nueva sino como los restos de algo anterior, reorganizados por alguien que entendía perfectamente las lecciones de los que habían fracasado antes.
Nemesio Oseguera Cervantes nació en 1966 en Villapurificación, Jalisco, hijo de campesinos pobres. Emigró a California de adolescente, como cientos de miles de jóvenes mexicanos en esa época. Tuvo dos arrestos por tráfico de drogas en Estados Unidos. Regresó a México, trabajó brevemente como policía, lo que le enseñó cómo funciona la institución desde adentro. Se casó con Rosalinda González Valencia, sobrina de un poderoso jefe criminal. Comenzó a ascender en las redes del Cártel de Sinaloa.
Cuando el gobierno abatió a Ignacio “Nacho” Coronel en 2010 y la estructura del Cártel del Milenio se fracturó, Oseguera tomó una fracción de los grupos leales y construyó algo nuevo. El CJNG apareció públicamente en 2011 con una declaración de guerra: ejecutó a 35 miembros de Los Zetas en una autopista de Jalisco, dejó los cuerpos junto a una manta que los identificaba como “limpiadores” de Jalisco.Fue una carta de presentación. Y funcionó.
A diferencia del Cártel de Sinaloa, que había construido su poder en la discreción y los acuerdos, el CJNG apostó por la agresión frontal como marca. Atacaron al ejército con drones cargados de explosivos. Derribaron helicópteros militares. Reclutaron con violencia y dinero a partes iguales. Diversificaron su portafolio criminal con una ambición que sus predecesores no habían tenido: el huachicol, el robo sistemático de combustible de los ductos de Pemex, les generaba cientos de millones de pesos adicionales al año. Las extorsiones industrializadas convirtieron a agricultores, comerciantes y transportistas de medio occidente del país en contribuyentes involuntarios de su expansión.Pero su gran apuesta fue química.
El fentanilo cambió todo. Un kilo de heroína, que requería hectáreas de amapola, trabajo de meses y rutas logísticas complejas, podía ser reemplazado por unos gramos de un opioide sintético fabricado en un laboratorio con precursores químicos importados principalmente de China. El CJNG tomó el control estratégico de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, por donde ingresaban esos precursores, y construyó una industria química que la DEA describió como la operación de producción de fentanilo más sofisticada del mundo.
Para 2025, el cártel operaba en 27 de los 32 estados mexicanos. Tenía presencia comercial en Europa, Asia y América del Sur. Sus ingresos anuales se estiman en miles de millones de dólares. El Departamento de Estado estadounidense lo designó organización terrorista extranjera. Oseguera tenía una recompensa de 15 millones de dólares sobre su cabeza.
Y seguía vivo. Con sus riñones enfermos, moviéndose entre casas de seguridad en la sierra jaliscience, rodeado de cincuenta hombres en su anillo interior de protección.Hasta el domingo 22 de febrero de 2026.
Mientras el CJNG consolidaba su hegemonía, el Cártel de Sinaloa, la otra gran potencia del narcotráfico mexicano, comenzaba a destruirse desde adentro.En julio de 2024 ocurrió algo que los analistas aún debaten si fue una traición calculada o una operación encubierta desde el principio: Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, entregó a Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades estadounidenses. Zambada, de 76 años, era el último de los fundadores históricos del Cártel de Sinaloa, el hombre que había sobrevivido a cuatro décadas de persecución siendo siempre más listo que sus perseguidores.
Su captura detonó una guerra interna que transformó a Sinaloa en un campo de batalla literal. Los Chapitos, el grupo de los hijos de Guzmán, contra La Mayiza, los leales a Zambada. Dieciocho meses de conflicto que dejaron más de cuatro mil muertos en el estado. Culiacán, una ciudad de novecientos mil habitantes, vivió días enteros con calles vacías mientras los grupos se disputaban barrio por barrio con rifles Barrett calibre .50 y drones explosivos. La economía local colapsó en múltiples ocasiones. El turismo desapareció. Los negocios cerraron.
Era el escenario que el CJNG necesitaba para expandirse en los territorios que Sinaloa dejaba de controlar. Pero también era la señal que el gobierno de Claudia Sheinbaum necesitaba para actuar.
Cuando Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024, heredó un país con un promedio de 86.9 homicidios diarios. Era una cifra que ponía a México entre los países más violentos del mundo, comparable con zonas de conflicto armado reconocido.Su apuesta fue diferente a la de sus predecesores. En lugar del despliegue masivo de militares sin objetivos precisos, o de la negociación discreta que algunos señalaban como práctica del gobierno anterior, Omar García Harfuch, designado secretario de Seguridad, apostó por la inteligencia quirúrgica. Identificar generadores específicos de violencia. Desmantelar redes financieras. Atacar laboratorios de síntesis en lugar de solo confiscar droga en tránsito.
Los números comenzaron a moverse. Para febrero de 2026, el promedio de homicidios diarios había bajado a 52.4. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes pasó de 24.1 a 17.5. El aseguramiento de fentanilo en 2025 fue 55 por ciento mayor que el año anterior. El número de laboratorios desmantelados se multiplicó por cuatro.
Son cifras del gobierno, con todos los asteriscos que eso implica. Pero incluso con descuento, indican una tendencia. Y el operativo en Tapalpa fue su culminación más visible.
El domingo 22 de febrero de 2026, poco antes del amanecer, fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional cercaron una propiedad rural en Tapalpa, Jalisco. Un pueblo de veinte mil habitantes, de los que aparecen en las guías turísticas como “mágico” y en los expedientes militares como zona de operación prioritaria.
El asalto duró más de tres horas. Helicópteros artillados de la Fuerza Aérea, fuerzas de tierra coordinadas con apoyo de inteligencia de señales procesada con ayuda de agencias estadounidenses. Cuando terminó el intercambio de disparos, cuatro escoltas estaban muertos, doce personas detenidas, y en el lugar se habían asegurado lanzacohetes antiaéreos, rifles Barrett y vehículos blindados artesanales que en el argot del narco llaman “monstruos”.Oseguera Cervantes, gravemente herido, fue evacuado en helicóptero hacia la Ciudad de México. Murió en el trayecto.
La respuesta llegó en minutos. Veinte estados reportaron narcobloqueos simultáneos. Autobuses incendiados. Supermercados saqueados y quemados. Bancos atacados. En Guadalajara, siete elementos de la Guardia Nacional cayeron en una emboscada. Puerto Vallarta cerró su aeropuerto. Jalisco activó el Código Rojo, suspendió el transporte público, instruyó a los hoteles a retener a sus huéspedes. El gobierno de Estados Unidos emitió alertas de seguridad para ciudadanos americanos en cinco estados.Fue uno de los estallidos de violencia coordinada más extensos en la historia reciente del país. Y fue, también, la demostración más clara de que matar al líder no mata a la organización.
Ahora el CJNG enfrenta su primera crisis existencial sin su fundador. Hay nombres que circulan entre los analistas. Juan Carlos Valencia González, “El 03”, hijastro de Oseguera, respaldado por Rosalinda González Valencia, quien administró las finanzas del cártel con una eficiencia que muchas empresas formales envidiarían. Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, el estratega de la expansión, que los reportes de la FGR ubican vivo pese a los rumores. Audias Flores Silva, “El Jardinero”, el operador pragmático de Nayarit y Zacatecas, la figura que podría negociar en lugar de combatir.
El problema es que el CJNG no fue diseñado para la negociación. Fue diseñado para la guerra. Y las organizaciones diseñadas para la guerra tienen poca experiencia en administrar la paz.
Los historiadores del crimen organizado señalan un patrón que se repite cada vez que cae un líder central: la fragmentación. Lo que era un bloque monolítico se convierte en facciones que se disputan el territorio. Cada facción, para demostrar su fuerza ante las demás, escala la violencia. El resultado no es menos violencia sino una violencia más difusa, más impredecible, más difícil de combatir porque ya no tiene un centro identificable.
México lo ha vivido antes. Con los Zetas, con Sinaloa, con los Beltrán Leyva. La lección es siempre la misma y nunca parece aprenderse del todo: eliminar al líder resuelve un problema y crea cinco más.
El autobús carbonizado en Guadalajara es la imagen del domingo. Pero también es la imagen de un siglo. Un siglo en que México sembró amapola para abastecer guerras ajenas, construyó rutas para satisfacer adicciones ajenas, y pagó con su propia sangre las consecuencias de una prohibición que nunca fue suya pero que siempre le ha costado todo.
Nemesio Oseguera Cervantes ha muerto. El problema que lo creó sigue vivo, tan robusto como siempre, buscando ya su próximo nombre.
