Hay una imagen que los analistas sectoriales usan para describir la economía colombiana en este arranque de año: una bicicleta en pleno descenso, sin frenos. Quien la acuñó no lo hizo para ser alarmista sino para nombrar algo que los números capturan mal: que el movimiento puede parecer velocidad cuando en realidad es caída. Que un país puede tener cifras de empleo históricamente bajas y al mismo tiempo estar dejando a su clase media sin piso.
El primero de enero de 2026 entró en vigencia el nuevo salario mínimo vital: dos millones de pesos. Un aumento del veintitrés por ciento sobre el año anterior, el más alto en mucho tiempo. Para quien lo recibe, es un ajuste necesario y justo. Para quien lo paga, especialmente en una microempresa con margen de utilidad del cinco por ciento, es algo más cercano a lo que algunos empresarios han llamado, sin eufemismos, un huracán laboral. Y para quien gana un poco más del mínimo pero no tiene ese aumento indexado, es la confirmación de que su diferencia económica —esa pequeña brecha que justificaba años de universidad y deudas de crédito educativo— se acaba de reducir un poco más.
“Por cada trabajador en el mínimo, el empleador asume costos superiores a los tres millones de pesos al mes, una vez se suman prestaciones, seguridad social y parafiscales.”Nueve de cada diez empresas en Colombia son Mipymes. Son las que contratan al grueso de la clase media que no trabaja en el Estado. Y son las que menos capacidad tienen de absorber este tipo de choque sin reaccionar: reduciendo personal, pasándose a la informalidad o apostando por automatización, que es la salida de las empresas más grandes y la señal de lo que viene. El trabajador de cuello blanco que hoy siente su puesto seguro debería mirar con más atención lo que pasa en los pisos de las fábricas. Lo que llega primero a las máquinas llega después a las oficinas.
Durante dos años, los colombianos aprendieron a quejarse de la inflación de alimentos. Era visible, cotidiana, imposible de ignorar en el supermercado. Lo que está pasando en 2026 es más sutil y, en cierta forma, más difícil de manejar: la inflación se mudó a los servicios. Restaurantes y hoteles subieron un nueve con cero uno por ciento en el último año. Salud, un siete con treinta y ocho. Educación, un siete con treinta y seis.
Estos no son rubros que se puedan sustituir fácilmente. Uno puede comprar la marca más barata de aceite. No puede comprar la marca más barata de apendicitis, ni mandar al hijo al colegio más económico sin consecuencias que se pagan más tarde. La inflación de servicios es la que se mete en los proyectos de vida. Y en enero de 2026 ya llegó al cinco con treinta y cinco por ciento anual, con la clase media pagando cinco con treinta y siete, más que el promedio nacional, más que los hogares pobres.
El corrientazo —ese almuerzo de restaurante popular que es el termómetro del costo de vivir para millones de trabajadores— subió un diez con siete por ciento en un año. El cincuenta y dos por ciento de los empleados dice que, tras pagar sus gastos básicos, no le queda capacidad de ahorro. No es que estén gastando de más. Es que no alcanza.
El Banco de la República, que en enero subió su tasa de intervención a diez con veinticinco por ciento para frenar las presiones inflacionarias que el aumento del mínimo va a generar, no tiene una solución fácil. Si sube las tasas, el crédito se encarece y la clase media que financia su vida con tarjeta o crédito de consumo paga el precio. Si no las sube, la inflación sigue royendo el poder adquisitivo por dentro. Es una trampa con dos entradas y ninguna salida cómoda.
La tasa de desempleo de enero de 2026 es del diez con nueve por ciento. Es la más baja para ese mes en veinticinco años. Debería ser una buena noticia. Lo es, en parte. El problema está en lo que no mide ese número: que más del cincuenta y cinco por ciento de los trabajadores colombianos está en la informalidad, y que esa cifra no ha mejorado. El país genera empleo, sí. Pero genera empleo de dos velocidades.
Un trabajador informal en 2026 tiene una probabilidad del treinta y cuatro por ciento de pertenecer a un hogar pobre. Para un trabajador formal, esa probabilidad se divide entre tres. La formalidad no es solo un asunto de derechos laborales: es la línea que separa a quienes pueden planear el futuro de quienes no pueden planear el mes. Y esa línea, lejos de borrarse, se está volviendo más difícil de cruzar a medida que el costo de la formalidad aumenta y las Mipymes encuentran en la informalidad la única forma de sobrevivir.
La reforma laboral buscó limitar el abuso de los contratos de prestación de servicios para tareas permanentes. Era una medida necesaria. El efecto no deseado es que, cuando formalizar cuesta tanto, algunos empleadores prefieren no contratar. El profesional joven que antes conseguía un contrato de prestación de servicios —precario, sí, pero al menos existente— ahora compite en un mercado más estrecho y con más candidatos. La “proletarización de los profesionales”, ese fenómeno donde el título universitario ya no garantiza condiciones dignas, no se detuvo. Se aceleró.
Con la tasa del Banco de la República en diez con veinticinco por ciento, las tasas hipotecarias permanecen en niveles que hacen casi imposible el cierre financiero para un hogar de estrato dos o tres. La historia de los noventa y cuatro mil hogares que entre 2023 y 2024 desistieron de comprar vivienda —perdiendo años de cuota inicial, perdiendo el ahorro de una década— sigue siendo la historia de 2026, solo que con menos aspaviento porque ya nadie se sorprende.
El sector construcción, que genera casi el ocho por ciento del empleo nacional, espera un repunte gradual este año. Pero la inversión productiva sigue rezagada por la incertidumbre institucional, y la confianza del comprador tarda en recuperarse una vez se rompe. La familia que perdió su cuota inicial no vuelve a firmar promesa de compraventa al año siguiente. Vuelve cuando recupera la fe, y eso toma tiempo que los ciclos económicos no siempre conceden.
El panorama fiscal es el telón de fondo de todo lo demás. El déficit del Gobierno Nacional Central puede llegar al ocho por ciento del PIB en 2026. La deuda pública neta supera el sesenta y un por ciento del PIB. En tres años, la deuda creció más de trescientos setenta billones de pesos. No hay margen para programas ambiciosos, y los recortes que vienen afectarán primero a quienes dependen de servicios públicos de calidad: exactamente la clase media que ya siente que paga impuestos para recibir poco a cambio.
La paradoja más brutal de este momento es esa: Colombia tiene el desempleo más bajo en un cuarto de siglo y la mitad de sus trabajadores no logra ahorrar nada. El empleo existe, pero no alcanza. La gente trabaja, pero no llega. El país produce, pero la producción no se distribuye de una manera que permita a quienes están en el medio acumular algo, proyectarse, soñar con un apartamento que no sea promesa de compraventa a la que después hay que renunciar.
