Hay una generación —la que vio el Mundial del 70 en blanco y negro, apiñada en la sala de la casa de algún vecino con antena de aluminio en la terraza— que todavía cree que el fútbol es, ante todo, un juego. Esa generación tiene razón a medias. El balón sigue siendo redondo y el domingo sigue doliendo cuando el equipo pierde, pero detrás de ese rectángulo verde opera una maquinaria que ningún comentarista de cabina se atreve a describir con precisión: un Estado sin territorio, sin ejército y sin pasaporte, que sin embargo puede noquear la economía de un país entero con una sola carta certificada desde Zúrich.
Se llama FIFA y nació, cándida, en 1904 en un salón parisino, con la única ambición de que dos selecciones jugando en distintos países respetaran las mismas reglas. Nadie en esa mesa imaginaba que un siglo después ese comité de caballeros terminaría facturando más que varias economías centroamericanas juntas.
De Jules Rimet al alquimista suizo
Durante siete décadas la FIFA vivió de la taquilla y de la buena voluntad de sus federaciones. Jules Rimet y Stanley Rous administraban aquello con maneras de club de caballeros, sin sospechar el tamaño del monstruo que dormía bajo el balón. La ruptura llegó en 1974, con la llegada del brasileño João Havelange a la presidencia, un hombre que entendió algo que a otros se les había escapado: el fútbol podía venderse, empaquetarse y revenderse como cualquier producto de supermercado, solo que con márgenes de utilidad imposibles de imaginar en cualquier góndola.
Havelange no llegó solo. A su lado caminaba Horst Dassler, el heredero de Adidas, y el publicista Patrick Nally, arquitectos de una fórmula tan simple como efectiva: comprar en bloque los derechos de patrocinio y televisión de la Copa del Mundo para después fraccionarlos y venderlos, tajada por tajada, a las multinacionales que hicieran fila. Coca-Cola firmó el primer gran contrato a finales de los setenta y desde entonces nadie volvió a mirar el fútbol de la misma manera.
De esa alianza nació la firma suiza ISL, que durante dos décadas manejó el negocio comercial de la FIFA como quien maneja una caja fuerte sin cámaras. Cuando quebró en 2001, con deudas millonarias, los tribunales destaparon algo que muchos sospechaban desde hacía años: pagos ilícitos por más de 22 millones de dólares a dirigentes de altísimo perfil, entre ellos el propio Havelange y su yerno Ricardo Teixeira. El escándalo no tumbó el modelo. Simplemente cambió de manos, primero con Joseph Blatter y, tras el terremoto judicial del FIFA Gate en 2015 —esa mañana en que media plana directiva amaneció esposada en un hotel de Zúrich—, con Gianni Infantino, el actual presidente.
Un país, un voto (y una trampa)
Lo curioso de la FIFA es que se rige por un principio que suena impecablemente democrático: cada una de las 211 federaciones nacionales tiene un voto en el Congreso, sin importar si representa a Brasil o a un archipiélago del Pacífico con menos habitantes que un barrio de Bogotá. Sobre el papel, eso es justicia deportiva. En la práctica, es la argamasa perfecta para construir lealtades. Las federaciones pequeñas dependen del dinero que llega desde Zúrich a través de sus programas de desarrollo, y esa dependencia se traduce, elección tras elección, en votos garantizados para quien esté sentado en la presidencia. No hace falta comprar voluntades una por una cuando se puede comprar el sistema entero.
Ese diseño explica también por qué la FIFA se atribuye una soberanía que ningún otro gremio deportivo del planeta se permite. El artículo 19 de sus estatutos prohíbe a los gobiernos meter las narices en los asuntos internos de las federaciones locales, así se trate del propio Estado en cuyo territorio opera esa federaciónQuien desobedece recibe suspensión inmediata, y con ella la selección nacional queda fuera de cualquier torneo internacional. (Obvio, eso no operó en este Mundial cuando Donald Trump hizo levantar una sanción de un jugador de Estados Unidos).
Cuando una federación colapsa por dentro, la FIFA tiene todavía otra herramienta: el llamado Comité de Normalización, una intervención directa que reemplaza directivas elegidas democráticamente por administradores designados desde Suiza. En Trinidad y Tobago, la Corte Suprema declaró nula esa injerencia, amparada en una ley del parlamento de 1982. La FIFA respondió, sin inmutarse, que quien firma sus estatutos acepta de antemano subordinar sus leyes domésticas a esa constitución paralela. Es, en el fondo, la misma lógica de cualquier letra menuda que nadie lee antes de aceptar: uno cree que está firmando para jugar y termina cediendo soberanía.
La neutralidad que solo aplica a veces
La FIFA repite, con la solemnidad de un comunicado institucional, que el deporte debe mantenerse ajeno a la política. La historia dice otra cosa. Alemania y Japón quedaron fuera en 1950, Sudáfrica fue expulsada por el apartheid, Yugoslavia no jugó las eliminatorias de 1994 por sanción de la ONU y Rusia fue suspendida en 2022 tras la invasión a Ucrania. Sin embargo, en 2026 Irán sigue jugando con total normalidad, pese a los mismos debates que en su momento sirvieron para sacar a Rusia. La neutralidad, resulta, tiene memoria selectiva.
Y hay algo todavía más revelador: ese mismo Mundial de 2026, repartido entre Estados Unidos, México y Canadá, terminó mostrando dónde están los verdaderos límites del poder de la FIFA. Las restricciones migratorias impuestas por Washington a decenas de países dejaron sin visa a hinchas de Haití, Irán, Costa de Marfil o Senegal. La delegación iraní tuvo que trasladar su campamento base de Tucson a Tijuana por la tensión militar entre ambos gobiernos. Un futbolista iraquí fue retenido en el aeropuerto de Chicago y a un árbitro somalí simplemente le negaron la entrada. La FIFA, que se cree un Estado por encima de los Estados, descubrió que ante la política migratoria de una superpotencia su pasaporte diplomático no vale gran cosa.
El negocio detrás del himno
Conviene no perder de vista los números, porque ahí está la verdadera explicación de tanta arrogancia institucional. El ciclo 2019-2022 dejó ingresos por 7.568 millones de dólares, casi la mitad proveniente de derechos de televisión. El presupuesto para el ciclo 2023-2026, impulsado por la ampliación del Mundial a 48 selecciones y por la decisión de la FIFA de manejar directamente —sin intermediarios— el negocio de la hospitalidad corporativa, apunta a 13.000 millones. A diferencia de la UEFA, que transfiere buena parte de sus ingresos a los clubes europeos, la FIFA guarda: sus reservas cerraron 2024 en 4.760 millones de dólares depositados en cuentas suizas de bajo riesgo, un colchón que le permite sobrevivir cualquier tormenta sin pedirle nada a nadie.
Ese colchón crece, además, sin pagar casi impuestos. Constituida como una simple asociación civil bajo el código suizo, la FIFA goza de exenciones que ningún banco o multinacional podría soñar, y cuando un país quiere organizar un Mundial firma, sin margen de negociación, leyes de excepción tributaria que la eximen de aranceles, IVA e impuesto de sociedades. Brasil dejó de recaudar unos 250 millones de dólares durante el Mundial de 2014 por esas mismas cláusulas. Mientras tanto, Infantino cobró en 2024 una compensación cercana a los 4,8 millones de dólares, entre salario, bonos y dietas.
El árbitro que nadie pita
Quizás lo más incómodo de toda esta historia no sea el dinero, ni las exenciones, ni los comités que reemplazan gobiernos elegidos. Es la sensación de que aquello que empezó como un pacto entre caballeros para ponerse de acuerdo sobre el tamaño del balón terminó convertido en un poder que decide, desde una oficina en Zúrich, qué país entra al mapa del entretenimiento global y cuál se queda golpeando la puerta. El hincha de a pie sigue creyendo que lo suyo es pasión pura los domingos. Y en parte lo es. Pero cada vez que se enciende el televisor para ver un Mundial, alguien más, muy lejos de la cancha, ya cobró su comisión.
