Hay una pregunta que los colombianos llevan doscientos años sin resolver del todo: ¿para qué sirve el vicepresidente? No es una pregunta retórica. Es la pregunta que se hicieron los constituyentes de 1821, los que redactaron la de 1858, los de 1910 y los de 1991. Cada generación la respondió diferente. Varias, de plano, optaron por abolir el cargo y buscarle sustituto.
Simón Bolívar fue el primero en intentarlo. No en el sentido de abolirlo —eso lo haría después, con menos paciencia—, sino en el de inventarlo. El Congreso de Angostura, en diciembre de 1819, diseñó una vicepresidencia que era más bien un sistema de mando distribuido: un vicepresidente general, que en la práctica gobernaba mientras el Libertador ganaba batallas al sur, y vicepresidentes-gobernadores en cada departamento de la Gran Colombia. La idea era simple: alguien tenía que quedarse en casa. Francisco de Paula Santander fue ese alguien.
El problema con Santander era que se le daba bien. Demasiado bien. Mientras Bolívar soñaba con repúblicas y cruzaba cordilleras, Santander construía el Estado que las sostendría: instituyó leyes, cobró impuestos, organizó las finanzas, negoció la deuda externa con Londres. Todo aquello que la guerra no deja tiempo de hacer, lo hacía él. Le llamaron «El Hombre de las Leyes», y Bolívar, que desconfiaba de los hombres que se sienten cómodos en las oficinas, empezó a verlo con sospecha.
La ruptura llegó en 1828, en la Convención de Ocaña, que fracasó sin acuerdo. Bolívar asumió poderes dictatoriales y, mediante decreto, abolió la vicepresidencia. Después del intento de asesinato conocido como la Conspiración Septembrina, acusó a Santander de ser el cerebro. La figura desapareció del ordenamiento jurídico. En su lugar, un Consejo de Ministros. El cargo que había nacido para garantizar la continuidad del poder murió, en su primer intento, por exceso de poder.
Colombia —todavía llamada Nueva Granada— la restauró en 1832, pero con un giro curioso: el vicepresidente se elegiría dos años después del presidente, no al mismo tiempo. La lógica era evitar que el sucesor fuera también el rival inmediato. No funcionó del todo. A mediados del siglo XIX, el auge del liberalismo radical y su obsesión con el federalismo volvieron a sepultar el cargo. Las constituciones de 1858 y 1863 lo reemplazaron por un sistema de tres designados elegidos anualmente por el Congreso. Tres, no uno, porque uno solo le parecía demasiado a los federalistas.
La Constitución de 1886, la de la Regeneración de Rafael Núñez, la trajo de vuelta. Y aquí ocurrió algo que dice mucho sobre la naturaleza del cargo: Núñez la usó no para gobernar junto a alguien, sino para gobernar a través de alguien. Desde su retiro en Cartagena, dejaba que sus vicepresidentes ejercieran el mando cotidiano mientras él se reservaba el poder real. El experimento salió mal con Eliseo Payán, quien tuvo la mala idea de tener criterio propio y buscar un acercamiento con los liberales. Núñez lo consideró una traición. El Congreso removió a Payán. La vacante quedó varios años sin llenar.
Para 1910, los colombianos ya habían tenido suficiente. La reforma constitucional de ese año, impulsada tras la dictadura de Rafael Reyes, abolió la vicepresidencia y la reemplazó con el «Designado a la Presidencia»: un ciudadano elegido por el Congreso —no por el pueblo— cuya única función era reemplazar al presidente si este faltaba. Sin campaña, sin fórmula, sin mandato popular. Puro acuerdo parlamentario.Ese sistema duró ochenta y un años.
Y funcionó, a su manera. Darío Echandía gobernó en 1944 cuando un golpe de Estado en Pasto puso en jaque a Alfonso López Pumarejo. Alberto Lleras Camargo completó el periodo de López cuando este renunció en 1945. Roberto Urdaneta Arbeláez asumió en 1951 cuando Laureano Gómez cayó enfermo, en medio de la violencia bipartidista más cruenta del siglo. Ninguno de ellos llegó al poder por el voto de una sola persona fuera del Congreso. Pero llegaron, y el país siguió funcionando.
La Asamblea Constituyente de 1991 decidió que eso no bastaba. Que un sucesor presidencial debía tener la misma legitimidad que el presidente: votos, no acuerdos de corredor. Restauró la vicepresidencia y la ató a la fórmula presidencial, ambos elegidos el mismo día por sufragio universal. Le dio las mismas calidades requeridas para ser presidente. Y luego, casi como un gesto de honestidad, no le asignó funciones fijas. La Constitución dice que el vicepresidente hará lo que el presidente le encomiende. Nada más.
Esa ambigüedad ha producido resultados disímiles. Gustavo Bell Lemus, entre 1998 y 2002, concentró su gestión en derechos humanos en plena negociación del Caguán, y años después regresó como negociador con el ELN. Francisco Santos, entre 2002 y 2010, fue la voz pública de la Seguridad Democrática de Uribe ante el mundo. Germán Vargas Lleras, entre 2014 y 2017, convirtió la vicepresidencia en una especie de superministerio de obras: viviendas gratuitas, autopistas de cuarta generación, poder administrativo sin precedentes. Renunció antes de tiempo para lanzarse a la presidencia. El cargo le había quedado pequeño, o él le había quedado grande al cargo.
Y luego están los que tropezaron con el cargo, o el cargo tropezó con ellos. Humberto de la Calle renunció en 1996 porque el escándalo del financiamiento narco a la campaña de Ernesto Samper le resultó moralmente insostenible. El Congreso eligió a Carlos Lemos Simmonds en su reemplazo —sí, en Colombia se puede reemplazar a un vicepresidente—, y Lemos terminó ejerciendo la presidencia durante una semana por una incapacidad médica de Samper. Marta Lucía Ramírez, entre 2018 y 2022, navegó entre la primera vicepresidenta mujer de la historia del país y el escándalo de las relaciones comerciales de su familia con «Memo Fantasma».
Francia Márquez llegó en 2022 como la primera mujer afrodescendiente en ocupar el cargo, y reencuadró la discusión desde otro ángulo: abrió la primera embajada residente de Colombia en Dakar, impulsó el Ministerio de Igualdad, creó el Fondo Mujer Libre. La vicepresidencia, en sus manos, dejó de ser una sala de espera y se convirtió en una agenda propia.
Doscientos años después de Angostura, el cargo sigue siendo lo que el presidente quiere que sea, y lo que el vicepresidente se atreva a hacer de él. Una oficina sin funciones fijas es también una oficina sin límites fijos. Eso puede ser una jaula o una oportunidad, dependiendo de quién la ocupe y qué tan lejos esté dispuesto a llegar.
La pregunta sigue sin respuesta definitiva. Tal vez eso, también, sea parte de la respuesta.
