Ella tardó dos años en contarlo. No porque no supiera que lo que le había pasado tenía nombre —acoso, lo llaman ahora con una precisión que antes no existía—, sino porque sabía exactamente lo que pasaría después. Sabía que le preguntarían si estaba segura. Que le preguntarían qué hacía sola en esa reunión. Que alguien, en algún momento, con toda la buena voluntad del mundo, le diría que había que “manejar esto con discreción”.
Colombia lleva dos décadas construyendo una arquitectura legal para proteger a las personas como ella. Y sin embargo, nones que pase mucho.
La paradoja no es nueva, pero en 2026 se ha vuelto imposible de ignorar: el país tiene uno de los marcos normativos más avanzados de América Latina en materia de violencia y acoso laboral, y al mismo tiempo, la mitad de las víctimas no se lo cuenta ni a su vecina. La Organización Internacional del Trabajo lo documentó sin eufemismos: uno de cada cuatro trabajadores en el mundo ha sufrido alguna forma de violencia o acoso en su vida laboral. Seis de cada diez, más de una vez.
La Ley 2365 de 2024 llegó a corregir lo que la Ley 1010 de 2006 dejó pendiente durante casi dos décadas. Antes, una víctima tenía seis meses para actuar. Seis meses para procesar el trauma, vencer el miedo, conseguir un abogado y enfrentarse a su propio empleador. Hoy tiene tres años. La nueva ley también dice algo que parece obvio pero que tardó mucho en estar escrito: si a una empleada que denunció la despiden mientras investigan su caso, ese despido se presume una represalia. El empleador tiene que demostrar lo contrario.
No es un detalle menor. Es el reconocimiento de que el poder, dentro de una empresa, no está repartido de manera equitativa.
La Corte Constitucional, que suele llegar después de que la realidad ya enseñó sus cicatrices, ha estado dando señales claras. En la Sentencia T-262 de 2025, analizó el caso de una mujer —llamada Julia en el fallo, para protegerla— que trabajaba en una oficina de comunicaciones y fue sometida a acoso sistemático. Lo que encontró la Corte no fue solo que el acosador actuó mal. Encontró que el Comité de Convivencia Laboral de la empresa archivó la queja sin ni siquiera hacer la reunión de conciliación que la ley exige. Archivó. Sin reunión.
El fallo es relevante por lo que dice sobre la prueba: los jueces no pueden esperar un video del acoso o dos testigos dispuestos a jugarse el trabajo por declarar. Los mensajes de WhatsApp cuentan. Los correos electrónicos cuentan. Y sobre todo —esto es lo que más incomoda a quienes preferirían que estas cosas se resolvieran en silencio— el deterioro de la salud mental de la víctima también cuenta.
Unos meses después, la Sentencia T-440 de 2025 abrió otra puerta que muchos preferían cerrada: la de las denuncias públicas en redes sociales. La Corte dijo que cuando una mujer denuncia violencia en internet, esa información tiene una “presunción de protección reforzada”. No necesita esperar una sentencia judicial para hablar. Necesita tener una base mínima de hechos reales y actuar de buena fe.Fue, de cierta manera, la constitucionalización del escrache.
La Defensoría del Pueblo tomó nota. En noviembre de 2024 abrió un mecanismo específico para casos donde el agresor tiene poder —político, económico, mediático— y las rutas institucionales resultan, cuanto menos, incómodas para la víctima. El correo sinacoso@defensoria.gov.co existe para eso. Y lo que llama la atención es que la Defensoría no solo ofrece acompañamiento jurídico: también asesora a quienes deciden hacer una denuncia pública. Reconoce que el escrache, bien hecho, es una herramienta legítima de acceso a la justicia.
No todo el mundo está cómodo con eso. Hay abogados que advierten, con razón, que la “sentencia de la opinión pública” puede destruir una vida antes de que un juez haya visto un solo documento. El caso de Luis Rubiales en España —besó a una jugadora en la boca frente a millones de espectadores durante el Mundial y fue cancelado antes de que hubiera proceso judicial— ilustra la velocidad con que una carrera puede desmoronarse. La pregunta que queda flotando es si esa velocidad es justicia o es otra forma de arbitrariedad.La respuesta honesta es que depende del caso. Y que esa dependencia es precisamente el problema.
La semana pasada, Caracol Televisión abrió una investigación interna contra dos de sus periodistas más conocidos tras recibir denuncias por presunto acoso sexual. Lo manejaron con reserva, como lo exige la ley. Lo que es distinto ahora —y esto sí es nuevo— es que las grandes empresas ya saben que no pueden enterrar este tipo de casos. El costo reputacional de encubrirlos se ha vuelto incalculablemente mayor que el costo de investigarlos.
Un poco antes, en diciembre de 2025, la Procuraduría tomó el control de una investigación en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín, después de protestas estudiantiles por presuntos actos de acoso sexual de docentes. La intervención de la Procuraduría fue, en parte, consecuencia de que la institución no había actuado con la contundencia que se esperaba. Las protestas forzaron lo que los protocolos no habían logrado.
Eso también dice algo sobre el estado de las cosas.Hay grupos para los que toda esta arquitectura legal existe casi en abstracto. Los trabajadores migrantes, por ejemplo. Las mujeres migrantes tienen casi el doble de probabilidades de sufrir violencia sexual en el trabajo que quienes tienen documentos en regla y arraigo. Denunciar, para ellas, implica un riesgo que la ley no ha terminado de resolver: que el proceso de denuncia se convierta en el inicio de otro proceso distinto, uno migratorio, igualmente aterrador.
Hacia 2030, los expertos apuestan por tres cosas: inteligencia artificial que detecte patrones de acoso en comunicaciones corporativas —con todos los dilemas éticos que eso implica—, un sistema de datos que permita al Ministerio del Trabajo identificar empresas reincidentes, y una cultura organizacional donde la denuncia no sea vista como una traición sino como un acto de higiene institucional.
Suena bien. La pregunta es si para entonces aquella mujer que tardó dos años en hablar, y todas las que todavía no han hablado, encontrarán del otro lado algo que valga la pena el riesgo.
Por ahora, el país tiene las leyes. Lo que falta es que las leyes tengan dientes de verdad, y que los dientes muerdan parejo: al jefe de la multinacional y al supervisor del turno nocturno en la bodega, con la misma contundencia, en el mismo tiempo.
Eso, en 2026, todavía está pendiente.
