Hay una plaza que nunca duerme. No tiene bancas ni palomas ni vendedores de mazorcas, pero ahí se gritan las noticias, se aplaude a los candidatos, se insulta a los rivales y, de vez en cuando, alguien descubre que su vecino piensa distinto. Esa plaza se llama internet y lleva años siendo el escenario más turbulento, más generoso y más peligroso de la vida pública contemporánea. El problema —como en todas las plazas del mundo— es que nadie se pone de acuerdo sobre quién debe barrerla.
Colombia acaba de intentar algo. La Ley 2489 de 2025, aprobada con el argumento de proteger a los niños y adolescentes en las redes sociales, llegó acompañada de buenas intenciones y de una cantidad desconcertante de preguntas sin respuesta. La más básica: ¿cómo sabe una plataforma que el usuario que abre sesión tiene trece años y no dieciocho? Las opciones que se barajan —verificación biométrica, cruce con bases de datos del Estado— han encendido las alarmas de organizaciones como la Fundación Karisma, que ven en esos mecanismos un riesgo de vigilancia masiva disfrazado de protección infantil. No es un temor paranoico. Es una pregunta legítima sobre el precio que se paga cuando se le entrega al Estado —o a las plataformas— un inventario de quiénes somos y cuántos años tenemos.
Pero tampoco es justo ignorar lo que está detrás de la ley. En Colombia, el diecisiete por ciento de los niños usa internet para buscar información sobre autolesiones. El setenta y tres por ciento de los menores ya navega en redes sociales. Esos números no son estadísticas frías; son vidas reales, horarios escolares interrumpidos por notificaciones, noches sin dormir frente a una pantalla que no para de recomendar contenido. Decir que la regulación es innecesaria porque podría usarse mal sería como decir que no hacen falta semáforos porque algunos conductores los ignoran.
El debate colombiano no ocurre en el vacío. Ocurre en un continente donde el setenta y cinco por ciento de las mujeres periodistas ha sufrido alguna forma de violencia en línea, donde los gobiernos aprenden rápido que una ley de “orden digital” puede servir para callar a los que molestan. Brasil vivió eso en carne propia: en 2024, un juez ordenó suspender la plataforma X después de que la empresa se negara a cumplir órdenes judiciales y a nombrar un representante legal en el país. El bloqueo duró semanas. Hubo celebraciones y hubo escándalo, dependiendo de a quién se le preguntara. Lo que quedó claro es que los estados nacionales ya no están dispuestos a ser espectadores en el territorio que ellos mismos consideran su jurisdicción.
Europa fue más sistemática. La Ley de Servicios Digitales —la famosa DSA— les impone a las plataformas con más de cuarenta y cinco millones de usuarios activos una lista de obligaciones que hasta hace poco habrían parecido ciencia ficción: auditorías independientes, evaluaciones de riesgo para los derechos fundamentales, prohibición de usar datos de menores para publicidad dirigida, mecanismos gratuitos para apelar cuando un contenido es retirado sin explicación. El modelo europeo no es perfecto —nada que involucre burocracia y tecnocracia lo es— pero al menos tiene la honestidad de reconocer que las plataformas no son simples buzones de correo. Son actores políticos con algoritmos diseñados para mantener a la gente pegada a la pantalla, así eso implique recomendar contenido que inflama, divide o miente.
Existe un principio que los abogados del sistema interamericano llaman el test tripartito. Dice, en esencia, que cualquier restricción a la libertad de expresión debe cumplir tres condiciones: estar establecida en una ley clara, perseguir un objetivo legítimo y ser la medida menos invasiva posible para lograrlo. Suena razonable. El problema es que “ley clara” es una exigencia difícil de cumplir cuando la tecnología cambia más rápido que los Congresos, y “medida menos invasiva” es una categoría que los gobiernos autoritarios han aprendido a interpretar con una creatividad envidiable.
La Corte Constitucional colombiana ha tenido que navegar esas aguas. En la Sentencia T-149 de 2025, resolvió el caso de una congresista que bloqueó a un periodista en sus cuentas de Facebook y X. El fallo fue pedagógico: los perfiles de funcionarios públicos donde se debaten asuntos de interés general son foros públicos. Bloquear a alguien de esos espacios no es un capricho privado; es una restricción al acceso a la información. La Corte revocó el bloqueo, aunque aclaró —con cuidado— que eso no significa que los funcionarios deban tolerar discursos que constituyan violencia de género. Ese matiz importa. Una cosa es la crítica áspera, que en democracia se aguanta, y otra es el acoso sistemático que busca silenciar una voz.
La Ley 2416 de 2024, menos ruidosa que su hermana mayor pero quizás más importante, declaró el acceso a internet como servicio público esencial en Colombia. Es un gesto que parece administrativo y resulta filosófico. Significa que conectarse a la red deja de ser un lujo para convertirse en una condición básica, como el agua o la electricidad. Y tiene sentido: en un país donde votar, pagar impuestos, acceder a la educación pública y buscar empleo ocurre cada vez más en pantallas, estar desconectado no es una incomodidad. Es una forma de quedar fuera de la ciudadanía.
Eso plantea una pregunta que ninguna ley resuelve sola: ¿de qué sirve tener acceso si no se sabe qué hacer con él? La alfabetización mediática —esa capacidad de leer el mundo digital con el mismo escepticismo con el que se lee la letra pequeña de un contrato— sigue siendo una asignatura pendiente en Colombia y en casi toda América Latina. No hay algoritmo que reemplace al ciudadano capaz de preguntarse quién escribió esto, por qué, para quién y qué quiere que yo crea.
Al final, la pregunta sobre cómo regular internet no es técnica. Es política en el sentido más profundo: habla de quién tiene poder, sobre quién lo ejerce y en nombre de qué se justifica. Los países que responden con censura se parecen cada vez más entre sí, sin importar el color de sus banderas. Los que responden con transparencia —obligando a las plataformas a explicar sus algoritmos, a respetar el debido proceso, a tratar al usuario como ciudadano y no como producto— tienen más posibilidades de preservar algo que vale la pena preservar.
La plaza digital no va a cerrar. Ya no hay forma. Lo que queda por decidir es si va a tener reglas justas, o si va a seguir siendo el territorio donde gana el más ruidoso, el más manipulador o el que tenga más servidores.
