Por estos días, cuando le preguntan a cualquier colombiano qué quiere del próximo presidente, la respuesta suele caber en una frase: que no robe, que haya seguridad, que la plata alcance. Tres cosas. Aparentemente simples. Y sin embargo ahí están, cinco aspirantes a la Casa de Nariño, cada uno con un maletín lleno de respuestas distintas para esas tres preguntas elementales, y el país sin saber muy bien a quién creerle.
El proceso de mayo de 2026 no es, si uno lo mira bien, una elección entre buenos y malos. Es algo más inquietante: una elección entre visiones de Colombia que no se parecen entre sí ni en el diagnóstico ni en el remedio. Abelardo De La Espriella cree que el Estado es el problema. Iván Cepeda cree que el mercado lo es. Paloma Valencia quiere más uniformados y menos tramitología. Sergio Fajardo quiere primero cuadrar las cuentas antes de hacer promesas. Claudia López quiere hacer desde Nariño lo que hizo desde el Liévano. Cinco frases que resumen cinco mundos.
El que quiere achicarlo todo
De La Espriella llegó a esta campaña desde los juzgados, no desde los partidos. Abogado de litigios sonados, orador de esos que saben cuándo bajar la voz para que la sala se incline hacia adelante. Su propuesta económica tiene una lógica de martillo: reducir el Estado en un 40%, eliminar el 4 por mil a los movimientos financieros, bajarles los impuestos corporativos y apostarle a que la inversión privada haga lo que el Estado nunca supo hacer. Para el campo, su programa “Matemos el hambre” ofrece exenciones tributarias a empresarios que inviertan en proyectos agrícolas en tierras baldías. Para la Costa Caribe, promete intervenir las tarifas de energía y eliminar los peajes para motociclistas.
El problema es la aritmética. Reducir ese tamaño de burocracia al tiempo que se financia una erradicación forzosa de 330.000 hectáreas de coca —a las que llama “la semilla de la muerte”—, se crean bloques de búsqueda contra la extorsión liderados directamente por el presidente, se construyen megacárceles de máxima seguridad y se militariza el sistema penitenciario es una cuadratura del círculo que su equipo todavía no ha explicado con números claros. Menos ingresos tributarios más más gasto en seguridad: la ecuación no cierra sola.
En el frente institucional, su promesa de disolver el INPEC y trasladar la custodia carcelaria a las Fuerzas Militares, y sobre todo su compromiso de suprimir la JEP mediante todos los mecanismos constitucionales disponibles, choca con una realidad legislativa dura: ambas medidas requieren reformas constitucionales que difícilmente conseguirían las mayorías necesarias en un Congreso fragmentado donde las bancadas de centro e izquierda bloquearían esa agenda desde las comisiones. En campaña, los detalles legislativos rara vez interrumpen un buen discurso. Pero en el Capitolio, sí.
Su fórmula, José Manuel Restrepo, exministro de Comercio y exrector universitario, parece estar ahí precisamente para poner la calculadora donde De La Espriella pone el puño.
El que quiere estatizar sin decir estatizar
Iván Cepeda es el candidato que más incomoda a los economistas de derecha y más entusiasma a los movimientos sociales. Su programa es, en el fondo, una continuación del Petro con correcciones: misma brújula, distinto conductor. Quiere descentralizar el DNP para articular alcaldías en torno a proyectos de acueducto, energía limpia, alcantarillado y conectividad; titular el 50% de las tierras rurales priorizando mujeres campesinas en condición de miseria; democratizar el crédito a través de fintech cooperativas y un sistema de historial crediticio construido sobre el pago de servicios públicos; y sostener el sistema de salud con una inyección inicial de 9 billones de pesos —3 billones para normalizar pagos con laboratorios farmacéuticos, 2 billones para pacientes crónicos de alto costo, y el resto en un fondo de estabilización hospitalaria que bautizó Fogasalud.
El problema de Cepeda no es la intención sino la simultaneidad. Renta básica para personas con discapacidad extrema, subsidios de permanencia estudiantil bajo el programa “Te pagamos por estudiar”, inversión rural masiva, control estatal de los recursos sanitarios: todo eso llega al mismo tiempo, sobre un déficit fiscal ya apretado, en un momento en que su propuesta de reducir la dependencia de los hidrocarburos tradicionales le recorta ingresos tributarios futuros que hoy financian buena parte del presupuesto nacional. La rentabilidad de su reforma agraria tarda años en madurar. Las cuentas del primer año son otra historia.
En el Congreso, su propuesta de subordinar administrativamente a las EPS privadas —o desmontar progresivamente su rol— encontrará bloqueo sistemático de los partidos tradicionales. Eso ya pasó con Petro. Cepeda llega al mismo muro con distinto apellido.
Con Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial, el Pacto Histórico manda una señal deliberada hacia los territorios étnicos y las organizaciones sociales que fueron la columna vertebral electoral de Petro. Es una apuesta de identidad tanto como de programa.
La que quiere orden antes que todo
Paloma Valencia tiene la propuesta más cómoda de explicarle a alguien en una buseta: más uniformados, menos trámites, que los delincuentes paguen y que los trabajadores no tengan que pagar el SOAT. Eso, resumido, es “Vivir sin Miedo”. Su programa contempla 30.000 militares y 30.000 policías adicionales, reactivación de la aspersión aérea con precisión sobre cultivos ilícitos, captura inmediata de delincuentes flagrantes sin dilaciones administrativas, inteligencia artificial para descongestionar juzgados y 50 nuevas Casas de Justicia comunitarias. Para la educación, propone 150.000 bonos escolares para familias vulnerables, formación dual desde noveno grado con pasantías remuneradas, y una reforma del ICETEX para que los créditos solo se paguen cuando el egresado tenga empleo formalizado.
El talón de Aquiles está en el financiamiento. La exoneración del SOAT para los aproximadamente 2.6 millones de motociclistas que ganan menos de dos salarios mínimos —estimada en 2.5 billones de pesos— saldría del presupuesto del Ministerio de la Igualdad. Eso es políticamente hábil y fiscalmente discutible, porque supone que ese ministerio es puro desperdicio, y que eliminar sus programas no tiene costo social alguno. Los que hoy reciben esos recursos tendrían algo que decir al respecto. Además, el incremento de pie de fuerza que promete —60.000 uniformados adicionales entre militares y policías— implica un gasto en dotación, salarios, prestaciones y logística que su programa no desglosa con claridad.
En política exterior, Valencia es la candidata que más abiertamente busca restaurar la relación con Washington: Marco Rubio, la diáspora en el sur de la Florida, la figura de Uribe como puente. Su pragmatismo frente a Venezuela es llamativo: rechaza el reconocimiento del régimen de Delcy Rodríguez, pero propone mantener el comercio fronterizo regulado por los gobernadores de Arauca y Norte de Santander para no perjudicar a la ciudadanía local. Una postura que le exigirá mucho equilibrio retórico cuando la presión de Washington apriete.
Su fórmula con Juan Daniel Oviedo —exdirector del DANE, hombre de datos y cara seria frente a cámara— intenta equilibrar el perfil político de Valencia con un técnico que inspire confianza en los mercados y en los sectores independientes.
El que quiere hacer las cuentas primero
Fajardo es, de los cinco, el que más incómodo parece en campaña. No porque no sepa lo que quiere, sino porque lo que quiere requiere explicaciones largas, y las campañas prefieren las frases cortas. Cuando le dicen que baje impuestos, responde que primero hay que estabilizar las cuentas. Cuando le preguntan cuándo se nota la mejoría, responde que después de la reforma tributaria progresiva de 32.9 billones de pesos, enfocada en eliminar beneficios tributarios de grandes corporaciones y el descuento del ICA del impuesto de renta empresarial. Eso no cabe en un trino.
Su agenda también incluye impuesto al carbono más alto, gravamen al carbón térmico dentro del impuesto nacional, penalización de plásticos de un solo uso y tributos a bebidas azucaradas y comida ultraprocesada. Una agenda ambiental y de salud pública que en otros países ya es consenso, pero que en Colombia despierta resistencia activa en los gremios industriales y agroindustriales. La transformación del SENA para beneficiar a un millón de jóvenes bajo “Jóvenes en Acción”, las alianzas público-privadas en turismo, la política de cielos abiertos en aeropuertos regionales y la pensión básica de 500.000 pesos para adultos mayores vulnerables que no alcanzaron sus semanas de cotización: son propuestas que tienen sentido en conjunto, pero que tomadas por separado parecen piezas de un rompecabezas cuya caja nadie ha visto completa.
El obstáculo más claro de Fajardo es político, no técnico: conseguir que el Congreso apruebe una reforma de esa escala, que toca intereses de los sectores más organizados y mejor financiados del país, tomará tiempo, negociaciones y concesiones que inevitablemente van a suavizar lo que hoy suena a transformación estructural.
Edna Bonilla como fórmula le da credibilidad institucional y un perfil que puede tender puentes con el centro político. Fajardo y la capital siempre tuvieron una relación complicada, y ella puede ayudar a resolver eso.
La que quiere hacer en grande lo que hizo en chico
Claudia López es la candidata que más claramente se vende como gestora, no como ideóloga. Su propuesta más original —las Manzanas del Cuidado, que en Bogotá funcionaron y tienen datos que lo respaldan— es también su argumento más difícil de escalar: implementar mil de estas unidades en toda la geografía nacional, integrando consulta médica preventiva, atención prenatal, vacunación, soporte psicoterapéutico y asistencia para adultos mayores y personas con discapacidad, requiere una capacidad de coordinación institucional entre la Nación y los municipios que el país históricamente no ha demostrado tener. Lo que funciona en una ciudad compacta y bien conectada no siempre sobrevive al encuentro con un municipio de difícil acceso sin personal especializado disponible.
Su plan fiscal tiene lógica gerencial: cortar contratos de prestación de servicios innecesarios en el gobierno central, renegociar la deuda soberana a largo plazo para liberar recursos de inversión, y condicionar la rebaja de dos puntos en el impuesto de renta corporativo para pequeñas y medianas empresas al crecimiento real del PIB por encima del 4% anual. Todo medible, todo condicionado. Lo que propone para la Costa Caribe —usar 10 billones de pesos de regalías acumuladas que los departamentos costeros no han ejecutado— suena a solución elegante, pero toca la autonomía territorial de una manera que los gobernadores van a resistir con argumentos jurídicos sólidos: esa plata, técnicamente, es de ellos.
Su propuesta de sacar la Policía del Ministerio de Defensa Nacional y crear un nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana es una idea que lleva décadas rondando los debates académicos y que ningún gobierno ha querido tocar porque genera resistencia institucional profunda. Ponerla en el programa dice algo sobre su disposición al conflicto. La pregunta es si el Congreso, que también tiene que aprobarla, comparte esa disposición.
López llega a esta candidatura como sobreviviente de cáncer, y eso le da un peso particular a su compromiso de eliminar las barreras administrativas de las EPS para el acceso a quimioterapias. No es retórica. Es historia personal convertida en política pública.
Con Leonardo Huerta como fórmula y sin el respaldo de una maquinaria partidista consolidada —su candidatura funciona mediante recolección de firmas bajo la iniciativa Con Claudia Imparables—, su mayor riesgo no es el programa sino la gobernabilidad: ganar sin bancada propia en el Congreso es empezar a negociar desde el primer día, desde una posición más débil de lo que sus propuestas necesitan.
Lo que no dice ninguno
Lo más revelador de estos cinco programas no es lo que dicen, sino lo que evitan. Ninguno habla con la franqueza necesaria sobre el estado real del sistema de salud, que ya tiene las cuentas en rojo y cuya crisis de desabastecimiento de medicamentos y citas represadas de especialidad no se resuelve con ninguna de las cinco propuestas en el primer año de gobierno. Ninguno explica cómo va a sostener las transferencias territoriales mientras reduce el déficit. Ninguno admite que la informalidad laboral del 55% no se resuelve ni con escaleras de formalización ni con crédito cooperativo ni con ejércitos de policías: se resuelve con una economía que crezca de verdad durante años seguidos, con instituciones que funcionen y con empresas que confíen lo suficiente en el país como para contratar de manera estable. Eso no depende de un solo presidente.
Colombia vota el 31 de mayo. Tiene cinco opciones y ninguna garantía. Lo de siempre, dirán algunos. Pero esta vez el tablero es distinto: el país llega a esta elección más polarizado, más endeudado y más hastiado que en ciclos anteriores. El que llegue a Nariño va a necesitar, más que un buen programa, la capacidad de gobernar con un Congreso fragmentado donde ninguno de estos cinco tiene mayoría asegurada, con una economía que castiga los errores rápido y con una ciudadanía que ya aprendió, a las malas, a desconfiar de los maletines llenos de respuestas.
Eso no está en ningún programa de gobierno. Nunca ha estado.
